Javier Milei vetó por completo la Ley de Financiamiento Universitario y de recomposición salarial docente

El presidente Javier Milei vetó en su totalidad la Ley Nº 27.795, que establecía un nuevo esquema de financiamiento para la educación universitaria pública y una recomposición salarial para el personal docente y no docente del sistema. La decisión fue oficializada este miércoles 10 de septiembre mediante el Decreto 647/2025, publicado en el Boletín Oficial.

La medida representa un nuevo capítulo en la disputa entre el Poder Ejecutivo y las universidades nacionales, luego de meses de tensiones por el congelamiento presupuestario y las demandas salariales de los gremios del sector. El veto fue calificado como “total” y se enmarca en la estrategia del Gobierno de evitar compromisos que impliquen una expansión del gasto público.

Qué disponía la ley

El proyecto había sido sancionado por el Congreso el 21 de agosto con apoyo mayoritario de la oposición y establecía lineamientos para el sostenimiento de la educación superior. Entre sus puntos principales, proponía:

• La definición de partidas presupuestarias específicas destinadas al fortalecimiento de la educación universitaria.

• La actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, a partir del 1 de enero de 2025, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

• La mejora de condiciones laborales y salariales para el personal docente y no docente.

• El impulso a políticas de investigación, extensión, tecnología, infraestructura y bienestar estudiantil.

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La argumentación del Gobierno

Desde el oficialismo se argumentó que el texto votado por el Congreso vulneraba las atribuciones del Ejecutivo en materia presupuestaria. Según fuentes del Gobierno citadas por Noticias Argentinas, el veto busca preservar el orden fiscal y evitar lo que consideran un avance del Poder Legislativo sobre competencias del Ejecutivo.

El rechazo a la ley se da en un momento de creciente malestar en el ámbito académico. En abril, una masiva movilización universitaria nacional había visibilizado los reclamos del sector, en tanto que las autoridades rectorales vienen advirtiendo sobre la insuficiencia de las partidas para gastos corrientes y la falta de actualización salarial frente a la inflación.

Se espera que la decisión presidencial reactive el conflicto con los gremios universitarios y con los bloques opositores, que ya anticiparon que podrían insistir con la norma en el Congreso. Para superar un veto presidencial se requiere una mayoría especial (2/3) en ambas cámaras.