Planes sociales, el final y la confesión del mediático abogado: "Yo soy un enemigo de este gobierno"
Se terminó el juicio luego de 32 audiencias y pidieron la absolución del abogado Cury y de Ricardo Soiza. Detalles de una jornada insólita y extenuante.
A Alfredo Cury le molestó hace un tiempo una frase del fiscal Juan Manuel Narváez, en el alegato de clausura, cuando dijo en tono de arenga "el pueblo de Neuquén tiene derecho a saber…" sobre los detalles de la causa por estafa con planes sociales, como si se tratara de una tribuna. Y en el turno de su defensa -este miércoles con el cierre del juicio- se despachó con todo. Por momentos con contradicciones, y anécdotas personales, que generaron un hartazgo en el tribunal, compuesto por los jueces Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita. En 10 días podrían dar el veredicto.
Dijo, además, que no tiene expectativas de la justicia, ya que el poder político lo tomó como "un enemigo" desde que le reformularon los cargos, por asociación ilícita y defraudación al Estado, por el cobro de siete cheques planes sociales, en concepto de asesoramiento jurídico. Indicó que no sabía que los cheques tenían esa condición y con altanería dijo deslizó que jamás podría haber integrado una asociación ilícita.
"No sabía que estaba cobrando un subsidio para desocupación, y son tan malas las contadoras de la fiscalía por Agustina Martínez y Melissa Benítez Jaccod). Es humillante lo que me hicieron, ¿ustedes creen que necesito un subsidio para la desocupación? Trabajo por todos lados y con ambientes complejos", sostuvo Cury.
En esa línea dijo que reconoció haber cobrado cheques, pero que devolvió el dinero y, además, pidió una actualización. "Yo devolví la plata y ofrecí devolverla con la actualización, 498.200 pesos, y ofrecí 3 millones más. ¿Saben cuánto es el monto de esos cheques que cobré en relación con los que dice de los 153 millones de pesos de monto histórico? Es el 0,0319% de lo que puso la fiscalía", indicó.
El mediático abogado ejerció su defensa y la de Ricardo Soiza, principal acusado de asociación ilícita y defraudación al Estado, y también la de sí mismo, con el apoyo del defensor oficial Juan Pablo Piombo. Este último pidió la absolución del Cury, pero fue más sintético y fue al grano.
Planes sociales: Piombo pidió la absolución de Cury
"El asunto es que a él le pagaron con cheques y trabajó. La situación del doctor Cury es diferente, porque no trabajaba en el Estado, sino como abogado, y lo que está el juego es el derecho al trabajo y no nos afectaría solo al doctor Cury sino a todos los abogados. ¿Es deber del abogado saber de dónde viene el dinero de los honorarios?", dijo Piombo.
Piombo dijo que quedó demostrado que había un vínculo exclusivo entre Cury y Soiza, por casos particulares que le daban Desarrollo Social en nombre del gobierno provincia, para gente que no podría pagar un abogado. Además, que en 2022 cuando estalló la causa de los planes sociales, el mismo Cury fue el abogado inicial de algunos de los imputados, y también de los “arrepentidos”: los cuatro exempleados que ofrecieron pruebas para ser sobreseídos e incriminar a sus compañeros de trabajo. Sorbe todo a Soiza, Pablo Sanz y Marcos Osuna, los más complicados y con prisión preventiva.
El defensor que también es de Marcos Osuna, pero que (en esta última audiencia lo defendió a Cury), descartó la idea de la asociación ilícita, como el resto de los defensores. El abogado indicó que "no puede ser condenado por administración fraudulenta, y requiere una calidad especial que tiene que tener el cuidado de bienes, y no tenía esa condición. Debe ser absuelto por ese delito", explicó.
Una de las características para que se dé este delito, es haber generado "conmoción social", y no sucedió con el tema de los planes sociales. Nadie sabía nada, ni estaba aterrado en pandemia, salvo cuando se ventiló el caso por lo medio de comunicación. "No se demostró que Cury haya querido conmocionar la sociedad, por eso solicito que se lo absuelva", dijo.
Cury protagonizó un alegato cargado de críticas políticas y jurídicas y buscó despegarse de las imputaciones, sobre todo de haber intervenido en la administración de expedientes y apuntó contra la fiscalía y por lo que consideró una “causa mediatizada” y direccionada.
Recordó que, tras la reformulación de cargos, él no estaba en el radar del Ministerio Público Fiscal, hasta que el MPN pierde las elecciones en abril de 2023. "Empiezan las reuniones con el doctor José Gerez. Supuestamente, desde el gobierno habían dado la orden que si no se aceleraba el juicio, nadie se va a jubilar. "Ahí aparecemos otros imputados, como Tomás (Siegenthaler), Julieta Oviedo y yo”, expresó.
“Si hubiera sabido algo, habría cantado”
El letrado insistió en que nunca manejó expedientes administrativos y que su vínculo con la causa se limita al cobro de honorarios. “Si hubiese sabido algo, habría cantado, pero no tengo nada, solo cobré los cheques que fueron mis honorarios”, expresó. En ese sentido, remarcó que “jamás manejé un expediente administrativo, tampoco lo manejó Pablo Sanz, ni Ricardo Soiza ni Isabel Montoya. Esa premisa de la fiscalía es mentira”.
También negó haber tenido trato con personal de la oficina vinculada a los planes sociales. “No existió. No tenía trato con nadie de esa oficina, sí con Ricardo Soiza”.
Cury comparó su situación con una anécdota relatada en el juicio por la Contadora General de la Provincia, quien dijo haberle pedido a una empleada dinero de su cartera para asistir de urgencia a una mujer vulnerable, que luego fue reintegrado con un cheque. El dijo que había entendido lo mismo, que las causas penales son de urgencia, y que el cobró los cheques de sus honorarios, pero que no se fijó si realmente eran de planes sociales.
El abogado justificó el depósito de los cheques que cobró en su propia cuenta, la mayoría de montos bajos. “Eran cheques por 49 mil pesos. Si yo hubiese querido ocultar eso, firmaba el cheque y lo depositaba otra persona en otro banco. Pero no vi nada malo”, aseguró.
Sobre la acusación de haber retirado fondos en “ráfagas”, cuestionó. “La extracción en ráfagas en qué conducta penal entra, no es delito, no hay ningún artículo del Código Penal que indique sanción a ese comportamiento”, recordó.
También enfatizó que no fue objeto de las medidas más habituales en investigaciones de corrupción. “Ni siquiera estaba en el radar de la fiscalía. Si era sospechoso, ni me allanaron la casa, ni me intervinieron el teléfono”, dijo.
En varios tramos de su alegato, Cury apuntó contra la politización del proceso judicial. “El gran problema de esta causa es la mediatización. Se les informó a toda la sociedad lo que pasaba. Hablan de reservar a las personas, pero expusieron a toda la sociedad”, señaló.
Fue más allá y se definió como opositor del oficialismo. “Hay un dicho que dice, 'al amigo todo, al enemigo nada'. Y yo soy enemigo de este gobierno. En una reunión con intendentes sostuvo que desde el gobierno habrían dicho. 'No me conformo con la sangre de Ricardo, los quiero a todos presos. Por eso Abel Di Luca se asustó'”, indicó.
También mencionó la existencia de la llamada “caja azul”, que -según su alegato- no quedó debidamente acreditada en la acusación fiscal. y sostuvo que se tergiversó el tema. "Caja azul hay en todas las oficinas de la administración pública", en relación que la Fiscalía jugó con el doble significado de "azul", por la línea del MPN que fundó el exgobernador Jorge Sapag.
“¿Me van a juzgar socialmente o jurídicamente?”
Cury cerró su alegato con un planteo fuerte sobre la legitimidad del proceso y el alcance de las acusaciones. “Me van a juzgar socialmente o jurídicamente. Si hay algo por encima de mí tiene que ser la ley, no una persona”, sostuvo.
Cuestionó, además, que la acusación se base en la supuesta complicidad de miles de beneficiarios: “No había posibilidad de cometer el delito sin la complicidad de los beneficiarios. Y no hay manera de que vayan 9.300 personas presas, no hay cárceles. La sanción la establece la ley argentina y no el pueblo de Neuquén”.
En ese marco, advirtió que no se puede sostener que haya actuado de manera ilícita, indicó el abogado. “Yo ayudé a gente, y eran urgencias, y el derecho penal se trata de eso”, agregó.
Para el abogado, el proceso estuvo signado por la presión política y la exposición pública. “Más de 4 mil empleados cobraron cheques de los planes sociales, según un informe del Tribunal de Cuentas, pero el único culpable soy yo”, concluyó.
"Soy abogado, defiendo gente, no llevaba expedientes a ningún lado. Trabajé hasta en la privada de Jorge Sapag. No necesito pedirle nada a nadie, soy autosuficiente y no me va a poner cara de buenito y de simpático. En este caso concreto, no hice nada. En este juicio ninguno se animaba de hablar en contra, sobre el ojo acusador de la sociedad, y cuando uno llega hasta este punto y piden respeto... a mí no me han respetado", dijo el abogado.
Y cerró: "No vine acá a ser amigo de nadie, sino para que se aplique la ley".
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