Estafa con planes sociales: el defensor del exministro Di Luca apuntó contra Ricardo Soiza

Este lunes, durante la primera jornada de alegatos finales de las defensas en la causa por la estafa con planes sociales, el abogado defensor del exministro de Desarrollo Social de la provincia de Neuquén aseguró que está comprobado que hubo una defraudación al Estado, aunque apuntó directamente contra la Dirección de Planes Sociales, a cargo Ricardo Soiza, y afirmó que su defendido no estaba al tanto de las maniobras y hasta solicitó que se investiguen los hechos.

Después de 30 jornadas de audiencias y tras la presentación de decenas de testigos, comenzaron los alegatos de las defensas en el juicio por la estafa con planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Neuquén. Este lunes expusieron los abogados defensores de algunos de los 14 imputados por haber desviados fondos que estaban destinados al pago de subsidios para desocupados de Neuquén.

Entre ellos se dio la exposición de Gonzalo Rodríguez, el abogado defensor del exministro Abel Di Luca, el funcionario de mayor jerarquía entre los que están sentados en el banquillo de los imputados por esta causa, que investiga el desvío de más de 1900 millones de pesos en subsidios por desempleo, según las últimas actualizaciones expuestas durante el juicio.

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Omar Novoa

“No se puede tapar el sol con las manos“, dijo Rodríguez durante su alegato final. Admitió que sí hubo una defraudación al Estado, pero aseguró que esos hechos ilícitos se hicieron en las oficinas de calle Rivadavia, donde funcionaba la Dirección de Planes Sociales a cargo de Ricardo Soiza, y no en las oficinas del ministro Di Luca, en Anaya y Planas.

Según su presentación, afirmó que el exfuncionario provincial solo realizó actos lícitos que incluían la aprobación de resoluciones ministeriales, que firmaba de buena fe basado en la confianza hacia el personal de menor jerarquía. “Hay una diferencia entre la responsabilidad administrativa y la penal, Di Luca confiaba en la certificación que hacía Soiza, el ministro aprueba un trámite administrativo al ver que las otras partes hicieron su trabajo con un principio de confianza y porque no tenía herramientas para sospechar actos ilícitos“, dijo el abogado.

Soiza, señalado como responsable

Pese a que admitió que sí se cometió una defraudación, el abogado defensor afirmó que los hechos se dieron solamente en las oficinas de calle Rivadavia, lo que quedó demostrado porque las actividades siguieron su curso a cargo de Pablo Sanz una vez que Soiza quedó internado por problemas de salud.

Por otro lado, afirmó que la Fiscalía de Delitos Económicos no pudo probar que existiera una asociación ilícita, ya que no se pudo determinar cuándo se creó o con qué fin. Rodríguez recordó que los imputados, supuestos integrantes de esta asociación, no habían sido designados por Di Luca sino por el gobernador.

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Omar Novoa

Además, aclaró que “la acusación se cae a pedazos“ porque plantea que Luis Gallo, exdirector de Finanzas, dejó de integrar la asociación ilícita cuando se alejó del cargo. “No se puede ser miembro de una organización ilícita solo por tener un cargo“, aseguró.

El defensor negó que Di Luca haya estado a cargo de fijar los montos en el pago de planes sociales y agregó, si así hubiera sido, fijar montos de subsidios es una actividad inocua en sí misma. Además, señaló que el ministro no verificaba los listados de beneficiarios y que aprobaba las resoluciones porque los montos totales coincidían, tal como se probó durante el juicio por la Fiscalía.

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Omar Novoa

“En 30 jornadas de juicio, no pudieron ponerle un listado en la mano a Di Luca“, aseguró. Recordó que su defendido no tenía conocimientos de que hubiera tantos listados físicos y digitales. Si bien la Fiscalía presentó correos electrónicos con listados adjuntos que estaban enviados con copia al ministro, no se pudo comprobar que él hubiera abierto o leído esos correos.

Rodríguez fue tajante con la falta de idoneidad de algunos de los peritos convocados por la Fiscalía de Delitos Económicos. En ese sentido, apuntó con dureza contra Gustavo Rosati, el perito inormático de la Policía que analizó la evidencia digital. “Si dicen que es el caso de corrupción más grande de la provincia, es grave que lo analice alguien sin formación académica, ni experiencia para hacerlo“, disparó.

Pedido de aboslución

El abogado solicitó que Di Luca sea absuelto en la causa por la estafa con planes sociales. “No sé si es lo más difícil de hacer, pero es lo que corresponde. No se puede condenar a cualquier ciudadano, y tampoco a un exfuncionario público, ante esta orfandad probatoria“, dijo.

Y agregó que una condena sobre Di Luca implicaría un antecedente de “gravedad institucional“ por haber condenado a un exfuncionario sin pruebas contundentes.

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Claudio Espinoza

Además, señaló que la Fiscalía no cumplió su promesa de probar la implicancia del exministro en la maniobra delicitiva y tampoco pudo probar que existiera una asociación ilícita. “Le tiró la pelota al Tribunal diciendo que el pueblo de Neuquén espera saber, buscan condicionar al Tribunal cuando no cumplieron con presentar las pruebas“, afirmó.

Agregó que Di Luca, al tener el aviso del Banco Provincia de Neuquén sobre las extracciones ráfaga por parte de empleados del Ministerio, ordenó que se haga la denuncia y que se separe del cargo a los extractores para poder iniciar una auditoría interna. En ese sentido, el abogado concluyó que el exministro tomó estas medidas porque no estaba al tanto de lo que ocurría en la calle Rivadavia, y menos aún era cómplice de los hechos.