La defensa de Pablo Sanz en planes sociales: "¡Cómo se ponían los punteros, todos querían su sobre, y hoy no están acá!"
La abogada pidió despegar a Sanz de una asociación ilícita y criticó a los fiscales por no haber tomado en cuenta su declaración para ponerlo como “arrepentido”.
Pablo Sanz es uno de los acusados por las estafas con planes sociales. Pero para la defensa no es el responsable de las decisiones políticas.
A Pablo Sanz no le sirvió de nada declarar ante el Ministerio Público Fiscal y aportar datos de todo lo que sabía de la presunta estafa con los planes sociales, luego de estallar el escándalo en Neuquén. Lejos de beneficiarlo, se perjudicó.
Declaró tres veces, y en vez de tener un beneficio -como si lo obtuvieron otros cuatro "arrepentidos" y exempleados de Desarrollo Social- terminó con preventiva domiciliaria, con una tobillera electrónica, en una pieza prestada por su padre en un barrio del sur de la ciudad. ¿Por qué no se tuvo en cuenta su declaración que comprometía a más imputados? Es un misterio.
Su abogada, la defensora oficial Laura Giuliani, se encargó este martes en el alegato de clausura, luego de 31 audiencias, de derribar la teoría del equipo fiscal, de que Sanz era uno de los que orquestó la estafa con los planes y que coordinaba también el esquema de asociación ilícita.
Además, aseguró que no se enriqueció con las extracciones en los cajeros automáticos, y los cheques, según los análisis de las peritos contables, Agustina Martínez y Melissa Benítez Jaccod, en un cuestionado informe por parte de los defensores.
Pero la estrategia de la defensora y la declaración en una de las audiencias, por parte de Sanz, coincidieron en un punto central. Que los verdaderos responsables políticos y los punteros que manejaban dinero en efectivo nunca fueron citados a declarar ni se sentaron en el banquillo de los acusados.
Giuliani insistió en que su defendido “no era jefe de nada”, pese a que ocupaba el cargo de director de Fiscalizaciones, en esa oficina de la Calle Rivadavia 44 y pidió la absolución al tribunal, compuesto por los jueces Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita, de la acusación de asociación ilícita; pidió moderación en las penas, solo por ser responsable de haber realizado siete extracciones en cajeros automáticos, y el cobro de 17 cheques a su cuenta sueldo. Guliani pidió a los jueces una valoración integral de las pruebas.
Planes sociales: "Pablo Sanz no era jefe, sino un colaborador"
Según expuso, Sanz actuaba como colaborador y respondía a las órdenes de Ricardo Soiza, el exdirector de Planes Sociales, señalado como el verdadero organizador de la estructura y que tenía los contactos políticos, más alá de la institucionalidad. Souza conoció a todos los gobernadores del MPN, y siempre fue una pata importante en las campañas políticas, y en el arreglo de los conflictos sociales, durante 20 años
“No están todos los que tenían que estar. Escuchamos a los arrepentidos, a los testigos, pero no vino ningún referente político, ningún puntero, no los escuchamos en estos 71 días de juicio, a pesar de que declararon que eran violentos”, advirtió Giuliani.
La defensora recordó que Sanz declaró en tres oportunidades, pero en dos de ellas -bajo el artículo 53 del Código Procesal Penal- sus entrevistas ni siquiera fueron registradas. El artículo refiere a la libertad de declarar del imputado, estableciendo que no será citado para hacerlo, pero tiene derecho a declarar cuando lo considere necesario, de forma oral o escrita, y siempre en presencia de su defensor.
También que la policía no puede interrogar al imputado, solo requerir datos de identidad, y en caso de manifestar su deseo de declarar, se debe informar inmediatamente al fiscal y al defensor.
En noviembre de 2023 Sanz brindó una tercera declaración con la expectativa de mejorar su situación, pero, según Giuliani, el Ministerio Público Fiscal “congeló” su caso y no tomó en cuenta a las personas que el imputado mencionó. “A él no lo benefició en nada haber colaborado con la Fiscalía, como sí ocurrió con otros imputados”, afirmó.
Y acotó lo que le sucedió a su defendido luego de colaborar con los fiscales: "Le diste harina para que la Fiscalía amase el pan".
En esa línea, cuestionó que se lo hayan querido ubicar como jefe de recaudadores por haber retirado dinero en cajeros automáticos y cobrado cheques. “Esas operaciones correspondían a un cuarto nivel jerárquico, no a un primero como se quiso instalar”, sostuvo. También criticó que la Fiscalía intentara presentar el uso de tarjetas de débito como una maniobra de ocultamiento, cuando en realidad -dijo- fue una adaptación a la pandemia.
Giuliani recalcó que no se probó que Sanz se hubiera enriquecido ni que hubiera utilizado dinero de esas extracciones con para fines personales. “Actualmente, vive en un departamento prestado en el terreno de su padre y tuvo que pedir salidas laborales”, describió, al remarcar que los intentos de vincularlo con gastos de un centro de estética en Centenario, carecían de pruebas directas.
La defensora también señaló inconsistencias en los testimonios de los arrepentidos, quienes, según dijo, se beneficiaron junto a familiares y amigos, mientras que sobre Sanz no hubo declaraciones directas que lo situaran como jefe. Es más, sostuvo que unos de los arrepentidos tenía más de 11 familiares cobrando planes, pero que eso no llamó la atención de los fiscales.
"No están todos sentados acá"
“Era más fácil pintarlo como malo y violento”, resumió, y agregó que no se reúnen los requisitos para hablar de una asociación ilícita. La defensora también sostuvo que hubo gente importante en la estructura, que no estuvo nunca imputado ni citado, como el caso de Luciano Palma, quien estaba por encima de Soiza. "Hablaron de Luciano Palma, que no está acá sentado, por eso entiendo que solo se lo puedo ubicar a Pablo Sanz, en el cuarto nivel, no es el jefe de una asociación ilícita", dijo.
Para Giuliani, no era un dato menor las presiones de los punteros en el edificio de Rivadavia 44, donde muchas veces, hasta los testigos, declararon que se ponían violentos si no les entregaban los cheques. "¡Cómo se ponían los punteros, todos querían su sobre y hoy no está acá!", disparó.
Además, la defensora echó por tierra que del mismo Sanz recaudaba el dinero de los cajeros, con fines políticos. "¿Pablo Sanz es el dueño del partido político, o es un eslabón más poniendo la cara", dijo.
Por su parte, el abogado Juan Pablo Piombo defendió a Marcos Osuna, a quien describió como “el informático”, un empleado que arreglaba computadoras, cambiaba lamparitas y confeccionaba listados de beneficiarios. “Lo único ilícito que hizo fue cobrar cheques y retirar dinero del cajero por orden de sus superiores”, sostuvo.
Piombo ironizó sobre la acusación fiscal. “¿Hay coherencia en que una persona pueda ser jefe y subordinado a la vez? Esto no es una pirámide, es un cuadrado”, dijo, en relación con los niveles de responsabilidad que el Ministerio Público Fiscal estableció en la causa por estafa.
Y agregó que la Fiscalía llegó a atribuirle a Osuna el rol de jefe por simples comentarios administrativos, que quedaron grabados en las escuchas telefónicas. Una de ellas era pedirles a los empleados que "no vayan todos juntos a los cajeros" (a realizar las extracciones) porque no quedaba nadie en la oficina para atender al público.
El letrado cuestionó la calificación de asociación ilícita, porque -según explicó- requiere una permanencia, una organización estable y hechos indeterminados. “Aquí hay hechos concretos y una persona de sexta jerarquía en los expedientes, que ni siquiera tenía la personalidad de un líder. Los testigos dijeron que casi no hablaba”, señaló.
Sobre la prueba contable, Piombo apuntó contra las peritos designadas por la Fiscalía, a quienes deslizó de tener un sesgo de confirmación y de haber actuado más como investigadoras que como técnicas imparciales. “De los 300 gigas de información seleccionaron lo que les servía y descartaron el resto”, denunció. Y acotó: "¿Por qué 9303 hechos (de estafa) si se trata de lo mismo"?
En su alegato, reclamó la absolución de Osuna respecto a la asociación ilícita y a la administración fraudulenta, y en todo caso una imputación menor como partícipe secundario en defraudación por extracciones puntuales. También pidió el cese de las medidas cautelares y como no tiene antecedentes, para que pueda estar sin la tobillera electrónica. Sostuvo que vive en una casa de 40 metros cuadrados, con su hija, tras el fallecimiento de su expareja.
Marcos Osuna: ¿Lo metieron preso para meter miedo a los arrepentidos?
"¿Por qué lo metieron preso a Osuna? Para que en todos los demás haya una acción psicológica y tengan deseos de prestar declaración ante la falta de pruebas en su momento, y que lograron de estos cuatro imputados y testigos, que luego se arrepintieron. Y el mensaje de la Fiscalía era 'querés ir a juicio o querés ser testigo, mirá que tu compañero está preso'", deslizó.
Tanto Giuliani como Piombo coincidieron en remarcar que las decisiones importantes en la distribución de planes sociales estaban en manos de Soiza y de punteros políticos que nunca fueron citados. Los que cobraban dinero en efectivo, que nunca estuvieron en el juicio. La Fiscalía nunca los llamó. ¿Por qué?”, plantearon las defensas.
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