Planes sociales: urgente pedido a los jueces para que tengan perspectiva de género con una imputada
Una defensora señaló los modos de los fiscales con una mujer que no se enriqueció, quedó viuda y vive con sus tres hijos en una pieza prestada por sus suegros.
La defensora Laura Giuliani dijo que no hay pruebas para condenar a Isabel Montoya y pidió la perspectiva de género a los jueces por el trato que tuvo de parte de los fiscales.
El tramo final del juicio por las presuntas estafas con planes sociales en Neuquén tuvo este martes a Isabel Montoya como protagonista. La mujer de 31 años, viuda, madre de tres hijos, está acusada de haberse beneficiado con el dinero de los planes sociales, y haber levantado un centro de estética en Centenario. Pero, para la defensa, no hay pruebas firmes y acusó a la Fiscalía de ventilar una "inconsistencia financiera", que no se puedo acreditar.
Montoya era muy joven cuando conoció el mundo de los desocupados, de hecho era parte el grupo del histórico líder Héctor "Zapallito" Molina" en Centenario, pero siempre estuvo en la misma condición. No dejó de ser una mujer con necesidades y vulnerable, de acuerdo a la defensa, y tampoco se enriqueció. Ahora, vive con su actual pareja, Pablo Sanz, en una pieza de su suegro.
La mujer había sido contratada para trabajar en comedores entre junio y noviembre de 2022, y rompió en llanto en medio de la audiencia cuando su defensora, Laura Giuliani, expuso las duras condiciones de vida que atravesó y cuestionó con firmeza la acusación del Ministerio Público Fiscal.
“La acusación contra Isabel Montoya está basada en chusmeríos telefónicos y en el hecho de ser pareja de Pablo Sanz. No se trajo una sola prueba que la incrimine directamente”, aseguró Giuliani ante el tribunal integrado por los jueces Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita.
Planes sociales: el escarnio escolar que padecen los hijos de una imputada
La defensora remarcó que el proceso judicial dejó profundas secuelas en la familia, y sobre todo la mediatización del caso. “Tuvimos que pedir tratamiento para los chicos porque sufrieron bullying por la exposición pública. Se les hizo mucho daño, no pueden ir tranquilos a la escuela”, dijo, al tiempo que la acusada rompió en llanto.
En un tramo especialmente crítico, Giuliani apuntó contra los fiscales Juan Manuel Narváez y Pablo Vignaroli, a quienes acusó de utilizar argumentos discriminatorios, es por eso que pidió a los jueces la absolución y la perspectiva de género, sobre todo por el comentario que hizo durante su alegato de clausura, el fiscal Narváez, sobre la condición de Isabel Montoya.
Había dicho que la mujer había tenido "suerte" de poder haber levantado un centro de estética, en un tono de arenga. Pero la defensora cazó en el aire el tono del fiscal y no dudó en pedir la perspectiva de género.
“Es obligación que tengamos perspectiva de género. No se puede sostener una acusación porque el fiscal diga ‘por qué no va a trabajar Isabel en vez de Sanz’. Ese es un planteo cargado de prejuicios”, señaló la defensora, en relación con las salidas transitorias que en su momento le negaron a Pablo Sanz, y la sugerencia de que vaya a trabajar su mujer.
La defensa recordó que Montoya quedó envuelta en la investigación a partir de su vínculo sentimental con Sanz desde mediados de 2022, pero que en más de dos años de proceso penal no se presentaron pruebas que acrediten su participación en el manejo del dinero.
El alegato se tornó todavía más duro cuando la defensora cuestionó el “factor suerte” al que había hecho referencia la Fiscalía. “Isabel no está en este juicio por suerte o por azar. Está acá porque la fiscalía decidió que tenía que ser parte de esta causa solo por ser la pareja de Sanz”, afirmó.
En medio de la exposición, Montoya lloró al escuchar el repaso de su historia de vida. Giuliani subrayó que el padrastro de la imputada había declarado sobre la dureza de esa vida y que ese testimonio no podía ser ignorado. “La perspectiva de género es una obligación para este tribunal”, remarcó.
La defensa cerró su intervención pidiendo la absolución de Montoya, e insistió en que la Fiscalía no demostró con pruebas concretas que ella se hubiera beneficiado de la maniobra con planes sociales. “Las extracciones fueron a pedido de su pareja. No hubo apropiación ni lucro personal. Isabel Montoya fue arrastrada a este proceso por un vínculo sentimental”, sostuvo Giuliani.
El caso de Valeria Honorio
En tanto que la defensora Carolina Johansen sostuvo que su defendida fue acusada de asociación ilícita por el cobro de 43 cheques por $2.043.900. Alegó que no se probó que Honorio se quedara con el dinero y que su patrimonio fue "malinterpretado" por la Fiscalía. Recordó que también era empleada política, como los testigos “arrepentidos”, y pidió su absolución junto a la de Fernando Cardozo Redigor.
Sostuvo que la Chevrolet Trucker que se le endilga haber comprado, fue producto de la venta de al menos dos vehículos anteriores, que no aparecen en el informe de ARCA, y además el terreno que compró fue por la venta de un inmueble de sucesión familiar. El terreno se lo habría comprado al hermano, pero los informes no fueron incorporados claramente en el proceso de prueba.
La situación de Emmanuel Victoria Contreras
El defensor Elio García cuestionó que se lo acuse solo por estar dentro de un cajero automático. El imputado no pertenece a la planta del exministro de Desarrollo Social. Es más, estaba en otra área de gobierno. García señaló que la causa fue “sobremediatizada y sobrepolitizada” y relativizó las planillas de "voto seguro" halladas en la casa de Victoria Contreras.
Dijo que son habituales en cualquier campaña electoral, y que no se puede criminalizar la política, ni la democracia. Recordó que fue el mismo Pablo Sanz quien desincriminó a Victoria Contreras en una declaración. Hoy el imputado pedirá hablar como "última palabra" en la finalización del juicio, tras 32 audiencias y 72 días.
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