Juicio por la muerte de Maradona: destituyeron e inhabilitaron a la jueza Julieta Makintach
La jueza fue acusada de incumplir los deberes de funcionario público, al filmar un documental sobre el juicio del astro argentino.
Este martes, el jury de enjuiciamiento que tiene bajo la lupa la conducta de la jueza Julieta Makintach emitió su veredicto. La magistrada no asistió a la audiencia clave del juicio político en la que se definió su destitución.
La causa que dio lugar al jury se dio cuando, a fines de mayo, se difundió un tráiler de un proyecto audiovisual que registraba escenas vinculadas al juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.
En ese material puede verse a la jueza llegando a los tribunales de San Isidro, ofreciendo una entrevista en su despacho y siendo filmada dentro de la sala donde se desarrollaban las audiencias. Esa difusión terminó provocando la nulidad del debate oral que investigaba responsabilidades por la muerte del astro.
Pasadas las 10.30 horas, se dio lectura a la definición judicial, donde se confirmó la decisión por unanimidad- es decir 11 votos - destituir a Julieta Makintach, así como también la inhabilitación de por vida para ejercer un cargo judicial. Como así tampoco percibirá la jubilación de magistrada.
Verónica Ojeda, su hijo Dieguito Fernando y su pareja Mario Baudry -también abogado del caso Maradona- estuvieron presentes y escucharon la resolución en primera fila.
Los 11 integrantes del jurado de Enjuiciamiento, encabezado por la Presidenta de la Suprema Corte Bonaerense, Hilda Hogan, definieron el veredicto en una sentencia de 115 páginas.
"Justicia por papá"
Baudry habló con la prensa tras conocerse el veredicto y afirmó que "me parece lo correcto, es lo que había que hacer y fue por unanimidad. La única que cree que hace todo bien es Makintach".
Además, destacó que todo es doblemente grave porque es juez. "Hasta el día de hoy no tiene conciencia de lo que hizo, no vino por el escarnio popular".
"Hoy tendríamos que estar hablando del homicidio de Diego y estamos juzgando a los jueces que debían llevar al frente eso", agregó.
Luego, acompañada del brazo de su mamá Verónica, el pequeño Diego expresó emocionado: "Justicia por papá".
La acusación contra Julieta Makintach
La acusación principal, formulada por la Procuración General y sostenida durante el proceso por la fiscal Ana Duarte, señala que la magistrada habría hecho un uso indebido de recursos estatales y actuado en beneficio de un proyecto personal, en perjuicio de la independencia del procedimiento judicial.
En palabras citadas por la prensa, la fiscal acusó a Makintach de “mentir, presionar y abusar del poder”. Por su parte, el Colegio de Abogados de San Isidro acompañó la postura acusatoria y solicitó la destitución de la jueza.
El marco probatorio fue uno de los ejes del juicio político: el tráiler difundido en mayo funcionó como prueba central y varios testigos de relevancia fueron convocados y declararon ante el jurado. Entre quienes prestaron testimonio figuran Julio Rivas (abogado de Leopoldo Luque), Fernando Burlando, el fiscal Patricio Ferrari, Dalma/Giannina Maradona, el titular del Tribunal Oral N°3 de San Isidro, Maximiliano Savarino, y el exalumno de la imputada Jorge Barrera.
También declaró una persona identificada como amiga de la sindicada, María Vidal Alemán. En el desarrollo del proceso, el magistrado Savarino fue mencionado en una denuncia por presunto falso testimonio.
Qué dijo la jueza Julieta Makintach
La defensa de Makintach rechazó las imputaciones y pidió la absolución. En forma subsidiaria, la defensa solicitó que se acepte la renuncia que la jueza había presentado anteriormente como alternativa a la destitución. Frente a las acusaciones, la propia magistrada sostuvo que “no había documental” y afirmó que “El que hubo, ya salió a la luz y no era mío”, dijo en declaraciones a Infobae.
Además de pedir la separación definitiva del cargo, atribuyó a la jueza la comisión de infracciones a la Ley de Magistrados y la imputación por delitos del Código Penal. La acusación formal incluyó siete presuntas infracciones a la normativa provincial y tres delitos tipificados en el Código Penal: malversación de fondos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y violación de secreto.
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