La Justicia vinculó a Julián Serrano con el caso $LIBRA: la defensa del youtuber
El creador de contenido figura como cofundador de una empresa. La Justicia logró identificar 500 mil dólares .De qué se lo acusa.
En un nuevo capítulo de la polémica que se desató en Argentina con la $LIBRA, este miércoles la Justicia vinculó al actor y youtuber, Julián Serrano, como cofundador de una empresa asociada a una dirección de criptomonedas utilizada para alojar fondos.
En el dictamen del fiscal Eduardo Taiano, que investiga el presunto fraude de la criptomoneda $LIBRA, la fiscalía identificó que la dirección F3, una de las tres que controlaban la billetera de firma múltiple llamada CPE1, estaba vinculada a la empresa argentina City Esports, dedicada al gaming, NFT y blockchain. Esta firma fue fundada por Manuel Terrones Godoy, imputado en la causa, junto con Serrano.
Los investigadores sostienen que Terrones Godoy y su socio Mauricio Novelli operaban la billetera CPE1 para ocultar y mover grandes sumas en USDT, una criptomoneda cuyo valor está atado al del dólar estadounidense.
Entre esas operaciones, figura una acreditación cercana al millón de dólares realizada el mismo día en que Novelli abrió cajas de seguridad en una entidad bancaria. Los fondos fueron congelados.
La novedad fue informada además por Juan Grabois, el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y querellante en el expediente. “La Justicia encontró una parte del dinero (500 mil dólares) que Novelli y Terrones Godoy le robaron a nuestros representados y al resto de las víctimas. Lo ocultaron con la participación del youtuber Julián Serrano en cuentas blockchain. Todo indica que lo usaron para pagar coimas", escribió en X.
La palabra de Julián Serrano
El creador de contenido de 31 años desmintió tener vínculo alguno con el caso $LIBRA. En un posteo en la red social X, Serrano sostuvo: “Frente a versiones difundidas en redes y medios, informo de manera categórica que no poseo, ni he poseído, vínculo alguno con el proyecto denominado ‘Libra’.
“Toda mención o insinuación que intente asociar mi persona con esa causa carece de sustento fáctico y jurídico. Se trata de afirmaciones falsas que no responden a la realidad de los hechos”, sumó a continuación.
Y concluyó con una advertencia: “He instruido a mis representantes legales para evaluar las acciones judiciales correspondientes contra quienes resulten responsables de la difusión de tales falsedades”.
$LIBRA: la causa judicial
La causa penal, que se abrió el pasado febrero y está liderada por Eduardo Taiano, investiga un fraude tipo rug-pull vinculado al lanzamiento y promoción de ese activo digital, que se disparó en valor tras ser mencionado por el presidente Javier Milei en sus redes oficiales y luego colapsó, generando pérdidas millonarias a inversores.
Entre los principales involucrados figuran, además de Milei, su hermana Karina, señalada por coordinar reuniones con los impulsores del proyecto, el empresario estadounidense Hayden Mark Davis, supuesto creador de $LIBRA; Mauricio Novelli, quien habría facilitado el contacto entre Davis y Milei; y Manuel Terrones Godoy, vinculado a la organización de eventos utilizados para difundir la criptomoneda. También aparece mencionado Julian Peh, de la empresa singapurense KIP Protocol, que brindó soporte técnico a la plataforma.
La justicia argentina y el FBI en Estados Unidos investigan posibles delitos de estafa, lavado de dinero, negociaciones incompatibles y tráfico de influencias, así como eventuales pagos indirectos a funcionarios.
El pasado marzo, Grabois se presentó en los tribunales de Comodoro Py para solicitar formalmente su intervención como querellante en representación de tres denunciantes que afirman haber sido damnificados. Según su planteo, la operatoria constituyó un fraude masivo y requirió la participación del jefe de Estado.
En un principio, la jueza María Servini había rechazado su incorporación, pero luego la Cámara Federal porteña revocó esa decisión y autorizó a Grabois, junto con otros dos abogados, a actuar como querellantes en la causa. Con esta resolución, el dirigente quedó habilitado a impulsar medidas de prueba, participar en las audiencias y requerir eventuales procesamientos, lo que formalizó su rol activo en la investigación.
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