Los colegios privados podrán aumentar las cuotas sin pedir autorización: qué dice la medida del Gobierno

Este martes se conoció una nueva medida del Gobierno Nacional, que ha provocado polémica. A través de la nueva decisión, los colegios privados de todo el país podrán fijar las cuotas sin pedir autorización.

La decisión fue oficializada a través del decreto 787, publicado en el Boletín Oficial, y de esta manera el Gobierno desreguló los aranceles de los colegios privados. Y podrán ajustar los valores según sus costos y condiciones de mercado.

Según se detalló, la medida establece que los establecimientos podrán fijar libremente los precios de las cuotas y matrículas sin autorización previa del Estado. Derogando así un sistema que ya llevaba 30 años.

“Corresponde revisar el marco normativo existente para favorecer un entorno más propicio para la gestión de los establecimientos educativos de gestión privada, garantizando así la sostenibilidad de su labor y el derecho a la educación de calidad”, sostiene el decreto.

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Asimismo, se justificó el cambio en que la normativa derogada presentaba “limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país”.

La justificación del Gobierno por la medida

A través del decreto, el Gobierno desreguló los aranceles de las entidades de educación privada y les permite a los colegios fijar cuotas y matrículas según sus costos y geografía.

El objetivo es avanzar hacia un esquema que resguarde el principio de libre contratación y “permita a las instituciones educativas definir sus políticas de precios y compensaciones en un marco de competencia leal y conforme a las demandas del mercado”.

Según las autoridades, el anterior sistema que fijaba los valores de las cuotas de los colegios privados que debía contar con la autorización del Estado “puede llevar a una precarización de la calidad educativa, dado que los establecimientos no pueden responder adecuadamente a las variaciones en los costos de insumos, salarios y otros gastos operativos”.

Además, sostuvieron que este mecanismo de fijación de precios “perjudica a las familias, quienes deben enfrentar aranceles educativos más altos desde el inicio del ciclo lectivo”. Y creaba “una situación de incertidumbre económica para los institutos, que suelen fijar cuotas más elevadas de lo necesario por temor a enfrentar costos que no puedan ser cubiertos sin aprobación estatal”.

El decreto subraya que “el requerimiento de los establecimientos de enseñanza de gestión privada de comunicar los montos de matrícula y de las cuotas con anticipación considerable, junto con la obligación de obtener la autorización estatal previa para modificar dichos valores, crea una situación de incertidumbre económica para los institutos, que suelen fijar cuotas más elevadas de lo necesario por temor a enfrentar costos que no puedan ser cubiertos sin aprobación estatal”.

Y se habla del derecho de propiedad de los institutos privados, al afirmar que “deberían tener la libertad de fijar sus condiciones de contratación y los salarios de sus empleados, sin necesidad de autorización estatal”. Según la visión oficial, la previsibilidad y rigidez de las tarifas impuestas por el Estado “puede llevar a una precarización de la calidad educativa, dado que los establecimientos no pueden responder adecuadamente a las variaciones en los costos de insumos, salarios y otros gastos operativos sin antes contar con autorización de la autoridad correspondiente”.