Milei reanudó el ciclo de tormentas con el Congreso: los argumentos del nuevo veto y el respaldo del FMI

El Presidente Javier Milei pasó el fin de semana sin urgencias administrativas. El viernes firmó el decreto 534/25. Fue publicado este lunes en el Boletín Oficial para oficializar el veto a las leyes que el Senado sancionó en la sesión ordinaria del 10 de julio, a partir de una convocatoria de la oposición, amparada en la preparatoria de principios de año.

Contó con la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, e implicó una serie de derrotas parlamentarias para el oficialismo. Una parte de esos reveses fueron la aprobación de tres giros que venían de Diputados: un aumento del 7,2% para los jubilados, una nueva moratoria previsional y la emergencia nacional en discapacidad. Las tres normas fueron anulados formalmente este lunes por Milei, a través de la competencia que le otorga el artículo 83 de la Constitución.

Con el veto formalizado, el Congreso podrá insistir en las leyes. Si ambas cámaras consiguen los dos tercios de los presentes, el veto pierde validez. Será el segundo round de una pulseada que el Gobierno ganó el año pasado, cuando consiguió en Diputados el tercio para blindar el veto e impedir el repechaje.

SENADO

Este año la pelea es distinta, pero cuenta con nuevos argumentos y con el nuevo respaldo del Fondo Monetario Internacional.

Qué dice el FMI

En el último Staff Report el organismo no cuestiona la utilización del veto. "La incertidumbre política y las presiones de gasto (externas al gobierno) han aumentado antes de las elecciones legislativas de mitad de período de octubre. La campaña se ha intensificado, incluso para las elecciones legislativas

provinciales", contextualizó un tramo del extenso documento para remarcar que "el Congreso propuso y aprobó recientemente nuevas y costosas iniciativas de gasto destinadas a aumentar las prestaciones jubilatorias y por discapacidad, así como las transferencias a las provincias (por un valor aproximado del 1,5 % del PBI)".

El pronunciamiento es previo a la firma del veto y explica por qué el Gobierno aprovechó los 10 días hábiles para hacerlo. "El presidente Milei ha declarado que vetaría estas iniciativas para preservar el ancla fiscal y las ganancias de estabilidad macroeconómica. En caso de que el veto sea revocado por una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso, el gobierno planea impugnar estas iniciativas mediante litigios judiciales. Por lo tanto, es probable que la resolución de estas iniciativas tome tiempo, posiblemente extendiéndose más allá de octubre", se anticipó el Fondo, dándole un margen de credibilidad a la amenaza de Milei de judicializar una eventual rechazo al veto.

Para el FMI esa pulseada será después de las elecciones y le dejó un guiño a Milei: "Mientras tanto, la disciplina del gasto sigue siendo esencial, e implicará que la administración se resista a nuevas iniciativas de gasto sin financiamiento".

Los números y las impugnaciones al Senado

En materia económica, el Ejecutivo argumentó en el decreto que las leyes sancionadas el 10 de Julio, "en conjunto" implican "para el Estado Nacional un gasto adicional al previsto de más de siete billones de pesos para 2025 y de 17 billones para 2026". Es decir que "equivalen al 0,90% del PBI para el año en curso y del 1,68% de aquel estimado para el año entrante".

Lo cierto es que los proyectos sí prevén una vía de financiamiento, pero el oficialismo lo considera insuficiente e incluso antirreglamentario con las normas del Senado. Aunque la Procuración del Tesoro había amenazado con llevar las normas a la Justicia, lo cierto es que hasta ahora no lo hizo, pero en el decreto aparecen dos argumentos para sustentar el veto.

Javier Milei y Kristalina Georgieva en la sede del FMI.jpg

Sostiene que el artículo 126 del Senado sostiene que "todo proyecto que importe gastos incluirá en sus fundamentos la estimación de tales erogaciones e indicará la fuente de financiamiento, a fin de justificar la viabilidad del mismo. De no ser así, no se discutirá en las sesiones de la Cámara hasta tanto la omisión no sea subsanada, por el o los autores del mismo”. Para el Gobierno "el cumplimiento de dicha regla no puede considerarse satisfecho cuando las supuestas fuentes de financiamiento invocadas carecen de correlación directa con los gastos dispuestos por el proyecto".

El texto del decreto asegura que la sesión no fue convocada correctamente y que los textos fueron sancionados sin dictamen y sin los dos tercios necesarios. En rigor, el cuerpo sesionó en una sesión ordinaria, no extraordinaria, donde una mayoría habilitada decidió aprobar otra interpretación del reglamento. Una instancia que también está habilitada. Además fue presidida por Villarruel, que no es senadora. La vicepresidenta es la representante del Ejecutivo en el Senado, cumple el rol de árbitro, debe velar por el reglamento y sólo vota para desempatar. Su presencia en la sesión pone en crisis la argumentación del veto para una aventura jurídica y refleja el nivel de descoordinación entre el Presidente y la titular del Senado.

Pero en el veto, la Rosada toma los argumentos de la secretaría Parlamentaria del Senado. Dice que "una mayoría circunstancial de miembros de una comisión no puede alterar el régimen reglamentario vigente, y que la modificación del reglamento sólo puede efectuarse mediante proyecto en forma y con aprobación de los dos tercios del cuerpo". Sin embargo, el Senado "dio tratamiento a los proyectos mencionados, otorgando valor de dictamen a documentos cuya nulidad había sido previamente constatada".

Sostiene que "el cuerpo procedió a someter a votación, por mayoría simple, una supuesta interpretación del Reglamento del Senado que, en los hechos, constituyó una modificación encubierta de sus disposiciones, sin ajustarse al procedimiento formal ni a la mayoría calificada de dos tercios exigida".

Para el Gobierno "se ha verificado una falta de concurrencia de los requisitos mínimos e indispensables que condicionan la creación de la ley".

La enumeración de críticas aparece como un anticipo de los argumentos que podrían utilizar en la Justicia. Sin embargo, las chances de conseguir un resultado favorable en la Justicia son remotas y podrían aumentar el revés para el Gobierno. Como dice el Fondo la pulseada llevará tiempo. Sin embargo, la falta de argumentos jurídicos para poder ganar en Tribunales sugiere que el objetivo estratégico sea sólo eso: ganar tiempo.