Una provincia argentina busca responsabilizar a los adultos por el acoso escolar. La medida llega tras incidentes graves en escuelas.
La intención es que la familia participe activamente en la corrección de las conductas y acompañe a los menores durante los procesos.
Se presentó un proyecto de ley que propone modificar el Código de Contravenciones para enfrentar el acoso escolar, responsabilizando también a los padres y tutores por las conductas violentas de sus hijos. La iniciativa busca consolidar un enfoque integral que combine sanciones, prevención y acompañamiento familiar.
La propuesta prevé multas de hasta $2.100.000 y un máximo de 50 días de trabajo comunitario para aquellos padres, madres o tutores que no intervengan ante situaciones de bullying. La intención es que la familia participe activamente en la corrección de las conductas y acompañe a los menores durante los procesos de aprendizaje y reparación.
Junto a las sanciones, el proyecto del Gobierno de Mendoza establece la convocatoria obligatoria de los adultos a instancias de mediación y talleres de parentalidad. Estos espacios permitirán reflexionar sobre los patrones de violencia, favorecer la comunicación y prevenir reincidencias.
El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, destacó que “el bullying no es un juego ni una broma pesada. Es violencia que deja marcas profundas, y la escuela necesita familias presentes y corresponsables”.
Protocolo actualizado y medidas en las escuelas
El proyecto se acompaña de un Protocolo de Actuación renovado para las instituciones educativas. El documento establece pasos claros para detectar, registrar y abordar episodios de acoso escolar. Se detalla cómo intervenir frente a sospechas, garantizar la protección de las víctimas y derivar a los agresores a organismos especializados o a la Justicia provincial según corresponda.
Entre las medidas se incluyen la identificación temprana de casos, comunicación inmediata con las familias involucradas, seguimiento constante y cierre formal de cada situación. Además, el protocolo contempla criterios para evaluar la gravedad de cada hecho y orientaciones para acompañar a los estudiantes implicados en la resolución y aprendizaje, evitando la estigmatización.
Incidentes que promovieron la iniciativa
La normativa surge en el marco de incidentes recientes en Mendoza que evidenciaron la necesidad de acciones concretas contra el bullying. Entre los casos más destacados, una adolescente de 14 años ingresó a la escuela Marcelino Blanco en La Paz con un arma de fuego, efectuó disparos al aire y se atrincheró durante varias horas. Otro hecho ocurrió en Guaymallén, donde una estudiante llevó una réplica de arma al colegio, generando alarma.
El proyecto también se fundamenta en un fallo judicial de junio que condenó a la Dirección General de Escuelas de Mendoza a pagar 4,5 millones de pesos a la familia de una niña víctima de acoso escolar en Godoy Cruz. La decisión judicial resaltó la responsabilidad estatal en la protección de los menores y subrayó el deber de las escuelas de actuar de manera eficiente ante situaciones de violencia.
Con esta iniciativa realmente novedosa, Mendoza busca implementar un abordaje integral del bullying, que combine prevención, intervención inmediata y posvención. De esa forma, se propone a la familia como un actor central en la protección y formación de los estudiantes. La propuesta intenta que los chicos crezcan en un entorno seguro, y a la vez se promueve una cultura de convivencia y respeto en las escuelas.
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