Caso Silvia Cabañares: el único imputado por el femicidio continuará en prisión preventiva

El juez Guillermo Baquero Lazcano resolvió que continuará en prisión preventiva Gonzalo Segobia, el único imputado por el femicidio de Silvia Cabañares ocurrido agosto de 2023 en Balsa Las Perlas.

La medida la tomó en una audiencia realizada durante la mañana de este miércoles, que estuvo por momentos cargada de tensión, en la que se revisó la revocatoria de la medida cautelar que había dispuesto la jueza Sonia Martín el viernes de la semana pasada.

Pero esa decisión había sido objetada por el Ministerio Público Fiscal, por lo que se otorgó la instancia de revisión que se cumplimentó durante esta jornada, por lo que Segobia deberá seguir tras las rejas hasta el 3 de febrero, cuando venza el tiempo de investigación establecido al momento de formulación los cargos, el 25 de abril pasado, tras lo que hubo una primera prorroga por dos meses.

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Estefania Petrella

La Fiscalía representada por el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna y el fiscal del caso, Martín Pezzetta, resaltó que la jueza Martín al revocar la prisión preventiva había cometido un “error de interpretación” y arbitrariedad al no contemplar los riesgos procesales a los que se habría expuesto la investigación con Segobia en libertad, si bien se había establecido su monitoreo con un dispositivo GPS.

Sostuvieron en este aspecto que hay cuatro testigos que aportaron información que comprometen al acusado, quien podría intentar interferir en sus declaraciones. También recalcaron que cuando lo detuvieron le encontraron en su casa dos armas no declaradas, una escopeta y un revolver 38, lo que acrecienta su peligrosidad.

El abogado querellante César Alfaro, quien representa a Flabia Currumil, madre de Cabañares, adhirió a la postura de la Fiscalía y agregó que con Segobia detenido avanzará la investigación. Sostuvo además que hay una vinculación con la violación que sufrió la víctima tiempo antes (por el que hay cuatro hombres de Neuquén condenados) y que el hecho tiene perfil de “narcocriminalidad”.

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Por parte de la defensa, representada por Gustavo Palmieri y Sebastián Perazzoli (recientemente asumidos) cuestionaron la petición de la parte acusadora al resaltar que no existen pruebas firmes para incriminar a Segobia con el femicidio.

Sostuvieron que no encontraron rastros del joven en el cuerpo de la víctima y que el auto VW Gol, en el que supuestamente junto a otro hombre no identificado cargaron a la víctima para llevarla al sitio donde la mataron, fue tomado por una cámara de seguridad en un punto distante de Neuquén. Es decir no estaba en Las Perlas cuando fue el crimen.

Reclamaron asimismo que no se pudo comprobar la existencia de una vinculación entre los testigos y Segobia, mientras que esos mismos testigos no afirmaron que Segobia conociera a Cabañares.

Ambas partes también se refirieron a la geolocalización del teléfono del imputado, lo que debería quedar esclarecido cuando se haga el peritaje correspondiente.

La decisión del juez

El juez Baquero Lazcano tuvo que aclararles en un par de oportunidades a las partes que era una audiencia de revisión de las medidas cautelares y no un juicio, dado que se esforzaron en exponer pruebas y testimonios para fundamentar sus razonamientos.

“Los jueces en esta etapa no estamos en condiciones ni debemos introducirnos en hacer mérito de la prueba, de la manera que se está pidiendo”, destacó.

Al momento de resolver cuestionó la labor de su colega Martín, quien imputó a Segobia por considerarlo que era el probable autor del hecho, pero que le impuso inicialmente cuatro meses de prisión preventiva por los peligros procesales, más dos de prórroga.

Dijo que el lapso era "arbitrario" e “incoherente” por la gravedad del hecho, dado que solo cuatro meses no es tiempo suficiente para esclarecer un caso considerado “complejo”.

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“Es imposible que en una causa de esta naturaleza el juicio se vaya a hacer en cuatro meses, ahí está la primera incoherencia de fijar un plazo de prisión preventiva porque no resulta razonable que un hecho de estas características en cuatro meses el fiscal pueda reunir la información e ir a juicio”, indicó. Puso como ejemplo que una prueba de ADN tarda no menos de cinco meses.

Agregó que la jueza Martín valoró en la última audiencia en la que rechazó la nueva prórroga por entender que los riesgos procesales ya no existían, pero que en su razonamiento "tomó partido por una información que dio la defensa y ahí está la abritrariedad".

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"Un juez no está en condiciones de darle la razón a uno o a otro. El grado de probabilidad fue discutido. Tiene que surgir una evidencia categórica como para decir que la persona acusada no cometió el hecho. En ese caso correspondería el sobreseimiento", subrayó.

Añadió en este sentido que "los jueces no debemos meternos a valorar lo que no tenemos al alcance. en este sistema no accedemos a información, solamente accedemos a la interpretacion que ustedes (las partes) nos hacen de lo que han ido recabando".

Tensión en las puertas de los tribunales

Dos grupos de personas se instalaron en las afueras del edificio judicial con pancartas y carteles que claramente los diferenciaba. Por un lado estaban los familiares del acusado, quienes enfatizaron que es inocente. Ellos se habían apostado en el acceso de la calle Urquiza. Mientras que el otro sector, compuesto por familiares y conocidos de la víctima, acompañados por personas identificados con consignas políticas y sindicales, se había ubicado en la puerta de España.

Las autoridades judiciales resolvieron que ocho integrantes de cada grupo pudiera entrar a la sala. En un momento se escucharon gritos desde el exterior. Uno de los manifestantes de la manifestación indicó que habían discutido por la colocación de un cartel. No pasó a mayores, pero los policías que custodian el edificio judicial estuvieron atento y controlaron con rigor el ingreso y acceso.

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