Se instala la agenda ambiental

Por RAMIRO MORALES

El comentario lo hizo al pasar el gobernador Jorge Sapag en la apertura del Cluster Shale, hace algunas semanas. “Vamos a disponer recursos para difundir la actividad (no convencional)”, señaló el mandatario y dijo que iba a pedir a las empresas que destinen fondos a esa tarea.
El viernes, desde la emblemática ciudad petrolera de Rincón de los Sauces, Sapag retomó el tema y esta vez afinó la puntería. Dijo que iba a aumentar las exigencias ambientales a las empresas, sobre todo para el manejo del agua, y criticó a sus “adversarios” que reclaman controles para que no haya contaminación. “Vamos a cuidar el ambiente mucho más de lo que ellos lo predican”, disparó.
Desde hace varios meses existen rondas de consultas entre funcionarios, diputados y empresarios para la creación de un nuevo marco legal para la explotación no convencional en la provincia. El tema no es menor, ya que este tipo de emprendimiento demanda enormes cantidades de agua, que luego es mezclada con químicos que pueden resultar muy contaminantes. La Provincia busca ponerle entonces un marco de sustentabilidad a la actividad, y para eso ya miran con atención los modelos de Estados Unidos y Canadá, donde se ha avanzado en el tema.
Desde el Ejecutivo evalúan que el agua no será un problema. Cada pozo demanda unos 3,5 millones de litros en promedio, una cantidad que las abundantes cuencas neuquinas pueden proveer sin problemas. Lo que despierta inquietudes en ciertos sectores es qué se hace con ese recurso una vez utilizado, ya que queda contaminado con químicos que se utilizan para facilitar la fractura.
Sapag señaló que “cuando se va al subsuelo, hay que proteger los acuíferos, hay que cementar bien, hay que utilizar agua o productos, y hay que tratar las aguas como dictan las normas nacionales, provinciales e internacionales”.
La primera en levantar cuestionamientos sobre el tema fue la Iglesia Católica, a la que después se plegaron algunas agrupaciones sociales y sectores opositores. Desde el Gobierno entienden que aquí está en juego el futuro de la provincia y defienden que la actividad hidrocarburífera puede ser sustentable si se aplican controles. Por esta razón, y volviendo al comienzo de este artículo, es que piensan lanzar en el corto plazo una campaña de difusión sobre el shale gas y shale oil. El propio gobernador dijo que es necesario informar para evitar oscurantismos y presagios de dudoso tenor técnico.
 
La hora del potasio
También desde Rincón, donde fue a cortar la cinta del nuevo edificio comunal -que funcionará ahora en una ex base de la empresa Halliburton-, el gobernador anunció que la Secretaría de Transporte de Nación ya dio el visto bueno para que la minera Vale comience con la instalación de la vía por donde circulará el tren del potasio, desde el yacimiento en Mendoza hasta el puerto de Bahía Blanca.
Este representaba el último escollo burocrático para la obra, que podrá ponerse en marcha en el corto plazo. Se trata de un emprendimiento que tendrá un alto impacto en Rincón pero también en toda la provincia, ya que creará cientos de puestos de empleo en la región. Además, implicará un impacto directo e indirecto de fondos para la provincia, en momentos donde las cuentas públicas están complicadas.
El inicio de actividades pondrá en marcha el convenio fiduciario que tiene la Provincia con Vale en concepto de responsabilidad social. La Provincia recibirá cerca de 50 millones de pesos en 18 cuotas. Según explicó el gobernador, “el 80 por ciento se va a invertir en Rincón de los Sauces, una parte en Buta Ranquil, otra parte en Barrancas y en Octavio Pico, beneficiando a las cuatro localidades cercanas al yacimiento minero”.
La empresa Potasio Río Colorado del grupo Vale tiene prevista la construcción de un ferrocarril de 370 kilómetros, de los cuales 170 kilómetros son en territorio de la provincia de Neuquén y la reparación y acondicionamiento de otros 500 kilómetros hasta Ingeniero White, cerca de Bahía Blanca.
El tren, sin embargo, es sólo una pata del proyecto. La explotación de potasio, que se utiliza como fertilizante, amenaza con salinizar las aguas del río Colorado, algo que las provincias propietarias de la cuenca, Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires deberán impedir con estrictos controles ambientales.