Si las cosas marcharan con la lógica de una empresa privada, sería probable que, de no funcionar, los accionistas reaccionaran un buen día muy enojados, hartos, y reclamaran a sus empleados mayor productividad. Imaginemos al Estado neuquino como esa empresa, y a los neuquinos (ciudadanos contribuyentes y sujetos votantes) como los accionistas que en diciembre pasado tuvieron que desembolsar sumas importantes para aplacar la ira de su Policía. Una tropa postergada y con sueldos de hambre, sí.
El gobernador Sapag se vio obligado a bombardear dinero en vísperas de las Fiestas bajo la amenaza latente de saqueos a los supermercados. El acuartelamiento duró dos o tres días. Pero la deuda contraída por el Estado para sofocar la rebelión fue mayor aún, porque puso en desventaja a otros empleados estatales que todavía reclaman con piquetes salvajes su parte de la torta.
Por más que el jefe Laserna se proponga ocultarlas para no alimentar la sensación de inseguridad, las escasas cifras que trascienden hablan de un estado de violencia sin freno. La verdad es que hubo 52 homicidios en 2013; cerca de 20 en lo que va del año; que de los robos en domicilios apenas se esclarece el 10 por ciento; que son 70 los delitos que se denuncian en la provincia por día; que los motochorros tienen en vilo a los vecinos del Alto como a los del Bajo, y ni hablar de los de la calle Godoy, en el Oeste; que los robos, en fin, son cada vez más violentos; y los asesinatos, cada vez más crueles.
Quien escribe esto es un porteño trasplantado en esta ciudad. Pero si yo fuera accionista, mediría los resultados.