El debate por la prostitución

Reglamentar la prostitución le quita la obligación al Estado de ofrecer y garantizar opciones de trabajo.

La reglamentación de la prostitución o la consideración del trabajo sexual como otra forma de explotación a las mujeres es un debate que requiere niveles de análisis difíciles de abordar en estas pocas líneas. La complejidad de la discusión implica la división de las posturas hacia el interior del movimiento de mujeres y feminista, y también dentro de muchos bloques políticos, e incluso del propio gobierno provincial.

En la pelea por la igualdad entre géneros, la prostitución no puede entenderse como trabajo si, en su amplia mayoría, los “consumidores” son hombres y quienes “ofrecen” son mujeres o travestis, aún sin haber un tercero que se beneficie. La estigmatización y la falta de oportunidades laborales debe ser parte de la discusión en torno a la “libre elección” que sustenta la postura reglamentista.

Estas formas se sostienen por la existencia de un sistema machista y, al mismo tiempo, la “libre elección” no puede entenderse por fuera de una realidad que no ofrece las mismas oportunidades para todos y todas. La reglamentación le quita la responsabilidad al Estado de ofrecer y garantizar una diversidad de opciones y lo habilita a legitimar la explotación sexual a las mujeres. Sin embargo, la complejidad del debate también obliga a reconocer, discutir y resolver una realidad de violencia que invisibiliza y maltrata a aquellas mujeres que pelean por la reglamentación y por tener una vida digna, con derechos laborales como todos y todas merecen.

El grave problema de las redes de trata con fines de explotación sexual tampoco puede quedarse al margen de la discusión, sobre todo cuando muchas veces hay actores estatales que ofician como cómplices del secuestro y tráfico de mujeres, niños y niñas.

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