El caso de los chiquitos hacinados en una casa usurpada en el sector Los Pumas, del barrio Confluencia, desnudó una realidad, y es que el Estado margina y olvida a importantes sectores de la sociedad.
Para quienes no conocen el barrio, el nombre de Los Pumas es sinónimo de delincuencia y de peleas constantes con la Policía.
Pero la realidad es bien distinta. La mayoría de los vecinos son gente que trabaja o estudia, y que pelea día a día contra la desgracia de no vivir en las zonas privilegiadas de la ciudad. Muchos de los jóvenes que salen a buscar trabajo deben mentir sobre su domicilio para poder conseguir el puesto.
Quienes hacen actividades deportivas sufren el acoso de ser estigmatizados como delincuentes solo por vivir en Los Pumas.
El barrió nació gracias a los planes de viviendas en la década del ‘80. En esa época se ganó el mote de barrio peligroso y comenzó el proceso de marginación social.
Aunque es el Estado el que más margina al demorar en solucionar los problemas más básicos de la población.
Como muestra valen pocos ejemplos: desde el último temporal, ninguna motoniveladora arregló la calle Paimún, la más transitada; hay horas en que los taxis no quieren entrar por cuestiones de “seguridad”; la misma razón esgrimen los choferes de la línea 18, quienes cuando surge algún problema dejan a los pasajeros del barrio a más de ocho cuadras de la parada obligada.
Otro ejemplo de discriminación: los planes de asfalto privilegian a los nuevos barrios cerrados de Confluencia, aunque Los Pumas esté desde mucho antes. Provincia y Municipio son los responsables de brindar mejores condiciones de vida e igualdad para todos los vecinos de Neuquén, pero parecería ser que unos son más iguales que otros.