La licencia social para operar (LSO) es una premisa que reina en la minería y se ha extendido a otras actividades productivas, significa que toda empresa debe obtener el aval de la comunidad para poder desarrollar su actividad. Esto representa reducir los riesgos de ser objeto de la crítica pública y prevenir conflictos sociales.
Para una petrolera, la falta de una LSO la llevará a enfrentar críticas, retrasos en los proyectos, pérdida de maquinaria por sabotajes, tiempos muertos por manifestaciones que cortan los accesos a los yacimientos y a veces hasta la imposibilidad de operar un área. La clave para obtener la LSO es comunicar. La sociedad ya no tolera la vieja práctica de esconder la mugre bajo la alfombra. Ahora, demanda saber lo que sucede en su entorno y en particular con lo relacionado con el medioambiente. El derrame producido el domingo pasado en el yacimiento Loma Campana, denunciado por la comunidad Campo Maripe, necesita ser aclarado tanto por la compañía como por el gobierno provincial, que tiene el deber de velar por los intereses de la comunidad. Neuquén tiene 36 petroleras que operan en sus yacimientos pero sólo dos cuentan con una oficina de prensa en la provincia. El resto tiene sus áreas de comunicación en Buenos Aires y muchas carecen de ellas. Abogados, licenciados en relaciones internacionales u otros profesionales que nada tienen que ver con las comunicaciones se encargan de informar. Se concentran en anunciar los aportes que hacen en RSE, pero no acerca de su actividad principal, que es extraer petróleo y gas. En el área de prestación de servicios hay más de 160 empresas y ninguna de ellas tiene una oficina de prensa en Neuquén. Si se buscó no comunicar, la meta fue alcanzada.
Pero el silencio no es salud.


