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La Mañana

Extractivismo o desarrollo

Cuando la actividad minera sólo es legitimada por el concepto de rentabilidad o su derrame impositivo, no sólo se desdeñan las deseconomías ambientales, sino que se deja de lado la concepción integral del desarrollo.

Por Miguel Teubal*

La minería a cielo abierto, que ha sido objeto de controversias en años recientes, es por cierto una actividad muy rentable. Queremos decir con ello que es una actividad que genera una alta rentabilidad para las empresas mineras, con relación al capital utilizado. Las razones para ello son diversas: grandes rentas diferenciales a escala mundial, precios al alza, cambios tecnológicos que reducen costos y generan economías a escala de producción, políticas promocionales a favor de la actividad, etc. Pero esa enorme rentabilidad no significa necesariamente grandes beneficios sociales, o culturales, para la comunidad de su conjunto. En años recientes, como para graficar esa presunta rentabilidad, se ha planteado que es una actividad que promueve el desarrollo, trayendo a colación una equiparación de  rentabilidad con desarrollo. ¿Desarrollo, para quiénes? ¿Cuáles son los costos sociales, ambientales, sanitarios, de tales actividades?
En su conceptualización originaria “desarrollo” se equiparaba a progreso. En los años de la postguerra del siglo XX es un término que se utiliza en sustitución de progreso. En cambio en la actualidad, con poco rigor por cierto, se tiende a equiparar rentabilidad con desarrollo: “Las actividades más rentables son las que más desarrollo promueven, lo que es bueno para las grandes empresas, Cargill, Alumbera, Monsanto, Barrick Gold, etc. es bueno para el país”, se afirma. No está claro a qué “desarrollo” se refiere ya que no es una actividad que genera  mayor empleo, salarios, actividad económica local que la que destruye.
El concepto de “rentabilidad” se mide e incluso se define en términos monetarios. Como consecuencia se promueven leyes y normas que favorecen la  actividad, postulándose muchas veces explícitamente que como son empresas que promueven el desarrollo existe la necesidad de que se les otorgue un tratamiento especial.
La economía  política trata el problema de los valores, y por lo menos desde tiempos aristotélicos se hace un distingo entre valores de cambio y valores de uso. La rentabilidad empresarial refleja los valores de cambio generados por una determinada actividad, valores que son apropiados por las empresas, o bien parcialmente van a parar a manos del Estado en concepto de impuestos o retenciones de diferente naturaleza. Pero cuando se hace hincapié en estos factores sólo se está considerando un aspecto del problema.
Deseconomías
Lo que no se toma en consideración, son los efectos nocivos de la actividad minera en sí, incluyendo sus denominadas “externalidades”, o lo que economistas neoclásicos denominan “deseconomías externas”, o sea, deseconomías que son externas a las empresas; como pérdidas ecológicas, impacto ambiental en general, el saqueo del agua y de otros recursos naturales, contaminación del agua, del aire, de la tierra, devastación territorial de montañas enteras, impactos sobre la salud humana (cáncer y otras enfermedades) , marginación o expulsión de la población local, no sólo agrícola-ganadera sino también de pobladores locales, efectos sobre el turismo y otras actividades en los entornos en donde se realiza la actividad minera, etc. La polución de los ríos, la deforestación, los impactos sobre la flora y fauna, el irreversible deterioro de los ecosistemas, de la biodiversidad, en fin, la degradación general de las condiciones ambientales, su impacto sobre la salud humana, tanto desde el punto de vista genético, sino también sobre diversas patologías, y la reproducción de la vida en general son todas consecuencias negativas del modelo extractivo.
¿Pueden ser “valuadas” éstas “deseconomías externas”? ¿Son “compatibles” o “comparables” con las “rentabilidades” que se generan en beneficio de grandes empresas, proveedores, e incluso, del Estado nacional?
Por lo general, el debate en torno a la minería se orienta fundamentalmente a dilucidar el monto de los impuestos, retenciones u otros recursos que aportan o dejan de aportar las mineras al erario en el marco de las leyes mineras adoptadas en décadas recientes. Pero lo que no se ha debatido suficientemente son los efectos de estas deseconomías externas, que son  literalmente y ampliamente menospreciarlas o invisibilizarlas. En efecto, son “costos sociales”, “individuales” o “ambientales”, que no siempre pueden ser “cuantificados” y, por consiguiente, comparados con las rentabilidades que generan esas actividades. Por ejemplo, las pérdidas de vida que generan, las pérdidas ambientales, de cultivos o actividad agropecuaria, el  traslado forzoso de las personas, las enfermedades generadas, los efectos sobre el recalentamiento global; como “valuar” estas actividades negativas. No es posible “compatibilizar” estas actividades en términos valorativos con las “rentabilidades” que generan las mineras y las actividades extractivas en general. No se puede hacer análisis “costo-beneficio” al respecto, por más que el Banco Mundial o determinados sectores empresariales los querrían hacer.
Quizás ésta disyuntiva surge porque los que están involucrados en estos procesos son personas o grupos de personas o empresas o instituciones diferentes: las empresas y los sectores estatales, por una parte, la población circundante, que sufre los efectos negativos de la contaminación y el deterioro ambiental o sanitario, o sobre la vida misma, por la otra. Es por ésta razón que el concepto mismo de desarrollo está siendo cuestionado.

*Economista, investigador del Conicet y profesor de la UBA.

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