El Tribunal Superior de Justicia inició un proceso de información sumaria para determinar las responsabilidades por las demoras en las notificaciones en la Primera Circunscripción. Desde la implementación de juicios por jurados se notó una serie de irregularidades desde el punto de vista administrativo con el tema de los plazos. En lo que va del año se realizaron en la ciudad 4 juicios con tribunales populares y el caso Salinas/Landaeta -el primero en que el se define la pena- el problema principal es la falta de notificación de testigos y malos agendamientos. Mientras, el Tribunal, integrado por los jueces Andrés Repetto, Patricia Lupica Cristo y Cristian Piana, como medida ejemplificadora, condenó a Juan Marcos Fernández a tres años de prisión en ejecución condicional y dos años para Analía Godoy por encubrimiento y falso testimonio en el juicio por el asesinato del policía José Aigo. La pena es excarcelable, por lo que ambos condenados pueden estar en libertad. Fernández y Godoy mintieron y encubrieron la fuga de dos terroristas asesinos. Pese a haber sido condenados por estos delitos, no cumplirán pena de prisión efectiva. La familia Aigo, en una carta dirigida a los medios, dice que “Fernández y Godoy, aun habiendo mentido, ocultado, encubierto y ayudado a los asesinos, pueden quedarse en su casa tranquilos, andar por la calle, mientras que nosotros tenemos que llorar la pérdida irreparable de nuestro familiar hasta el resto de nuestros días, y así nos quedaremos, en nuestras casas temiendo a los que delinquen, desolados y abandonados por la justicia”. La Justicia -una rápida, porque de lo contrario no es justicia- es la base de la convivencia de las relaciones personales y económicas. Donde hay Justicia, hay igualdad de oportunidades, libertad y sobre todo seguridad y certidumbre.