El culebrón que fiscales y jueces protagonizaron en la semana, producto de la excarcelación de Gerardo Fuentes, imputado por el homicidio del taxista San Miguel y sospechado de haber atacado a puñaladas al fletero Casagrande, no hizo más que poner a la vista de todos que las decisiones judiciales ya son parte de las charlas de café o de la compra en el almacén de la esquina.
El nuevo Código Procesal Penal, que entró en vigencia el pasado 14 de enero, ha tenido un gran acierto, que es convertir en público todo aquello que antes se manejaba a puertas cerradas en edificios cuasi inmaculados. Esta gran apertura que representa la reforma ha puesto en la vereda a jueces, fiscales y defensores. Es ahí, en la calle, donde todos están a merced de las críticas y los aplausos del vecindario.
“Es verdad, estamos todos más expuestos, pero son las nuevas reglas de juego y al que no le gusta se tiene que ir a la casa”, confió un magistrado. En esta avanzada de cambios, el sistema judicial tiene una cuenta pendiente, que pasa por utilizar un lenguaje más claro, porque la génesis del culebrón estuvo fundada en una premisa al menos ambigua.
En febrero, el fiscal del caso había solicitado para Fuentes prisión preventiva “por el término de un mes o hasta que eventualmente se fije fecha de juicio”.
El defensor y el juez entendieron que, concluido el mes, el detenido podía recuperar la libertad, y así pasó. Para el fiscal, el imputado tenía que seguir preso hasta el juicio.
Como nos decían en la facultad: lo que se dice no tiene que sonar bonito ni complicado, sino claro. En el caso de la Justicia, tiene que ser entendible, conciso y carente de ambigüedad, para evitar cualquier otra interpretación.