No sólo la falta de infraestructura, costos crecientes y escasez de insumos están afectando a las empresas de servicios vinculadas a la actividad hidrocarburífera. En los últimos meses se acentuó el deterioro en la cadena de pagos. La situación no se genera por una falta de pago, sino que se ha convertido en una modalidad entre las operadoras abonarle a sus contratistas con demoras.
Las pequeñas empresas están percibiendo las facturaciones con atrasos que van como mínimo de 60 a 90 días. Se le debe adicionar que se pierden más días en el proceso burocrático de la percepción del certificado de servicios con la facturación. Esta demora les permite a las operadoras financiarse a costo cero.
Para tratar de salir del ahogo y contar con cierta liquidez que le permita cumplir con el pago de salarios y la carga tributaria, los empresarios se ven obligados a venderle a los bancos las facturas a cobrar. Las entidades financieras, más que agradecidas con estas operaciones dado que las comisiones que perciben por las compras de facturas son un buen negocio. Como si fuera poco, el costo laboral sigue en ascenso. Las petroleras negocian con el sindicato salarios y desembolsos de bonos extraordinarios que muchas veces no son admitidos por las propias operadoras en los mayores costos de las facturaciones y sólo se lo reconocen para los trabajadores que tienen relación directa con la operación. Esto genera inequidad entre los trabajadores, por lo que el empresario termina pagando este “aumento” a todo el personal. La situación es compleja para el pequeño y mediano empresario. Quizás sea hora de que el Estado comience con equidad a mejorar la dispar relación de las petroleras con sus contratistas.


