En 2003, luego de la muerte del entonces ministro de Gobierno Jorge Gorosito en un accidente con un caballo en San Patricio del Chañar, la Legislatura provincial sancionó la Ley 2448 que, al igual que la ley nacional de tránsito, establece claramente la obligación de los propietarios de campos de mantener adecuadamente los cercos perimetrales y alambrados; y que es responsabilidad del Estado controlar que ello se cumpla.
Los choferes –todos– saben perfectamente cuáles son los puntos críticos: la Ruta 22 entre Cutral Co y Zapala, especialmente cerca del Cerro Bandera; la Ruta 7 en la zona de Tratayen; la Ruta 40 entre Zapala y Las Lajas, o entre Las Lajas y Chos Malal, sólo por mencionar algunas. El uso de las balizas o los cambios permanentes de luz son los recursos utilizados para informar a los conductores la presencia de animales sueltos en las rutas.
Nunca se conocieron las medidas tomadas desde la cartera de Seguidad para la aplicación de la ley, ni los instructivos impartidos a la Policía de la Provincia a fin prevenir accidentes; tampoco qué fondos destinaron para el supuesto de encontrarse sorpresivamente con caballos o vacas, ni se tiene conocimiento del equipamiento otorgado a la Autoridad de Aplicación; mucho menos de la cantidad de animales capturados. La semana pasada, el subsecretario de Seguridad de la provincia, Gustavo Pereyra, dijo que decidieron secuestrar los caballos sueltos ante la gran cantidad de accidentes de tránsito que ocasionan. Adelantó que el Estado comprará un vehículo especial para cargar los animales y harán las infracciones a los propietarios o donarán esos animales. Eso es todo lo logrado luego de 10 años de promulgada la ley.


