A la playa sin fumar: ¿es posible instalar la medida de Mar del Plata en Neuquén?

A pocas semanas del estreno oficial del verano, una medida tomada en Mar del Plata despertó polémica. Desde diciembre, aquellos que fumen en la playa fuera de las zonas habilitadas tendrán que pagar una multa de entre 50 y 500 mil pesos. El objetivo es evitar no sólo el daño hacia los fumadores pasivos -aquellos que no fuman pero inhalan el humo de tabaco- sino atacar el efecto contaminante que las colillas tienen en el agua y la arena.

La ley “Libre de humo”, que en 2009 prohibió fumar en edificios públicos y generó primero una fuerte resistencia, es ahora uno de los ejemplos más contundentes de la capacidad que tiene una legislación para cambiar hábitos. Aunque hoy es raro ver a personas fumando puertas adentro, tanto en sitios públicos como privados, las zonas abiertas parecían ser la trinchera de resistencia para el tabaquismo.

En principio, la normativa tuvo su éxito al conseguir una reducción significativa del consumo de tabaco, pero la ley logró echar su trampa a fuerza de vapeadores, cigarrillos electrónicos y estos espacios abiertos, que parecían una eterna zona de fumadores. Que esté prohibido fumar en la playa todavía suena extraño, pero es quizás el freno que necesitamos.

En Neuquén, un proyecto de ley provincial busca que no se permita fumar en plazas, areneros y espacios públicos deportivos. Mientras tanto, los balnearios son cada vez más concurridos y los activistas jóvenes inventan colilleros y fabrican ladrillos ecológicos con los centenares de colillas que recolectan cada día en la costa del río Limay. Pero el número crece y las actitudes desaprensivas parecen superar cualquier esfuerzo que nace de su compromiso ambiental.

Puede que la solución menos antipática sea fomentar la conciencia sobre los efectos nocivos del tabaco para la salud o promover que las colillas se depositen en sitios seguros. Pero estas medidas ya se implementaron sin demasiado impacto. Y si no alcanzan las campañas de los hospitales o los colilleros de los ambientalistas, las normas y las multas se erigen como la única alternativa. Y se impondrán así, con la certeza de ser resistidas, claro, pero con la esperanza de cambiar un hábito que tiene sus desventajas más que comprobadas y no consigue demostrar sus beneficios.