Imputan a funcionarios y comerciantes por defraudar al municipio de Andacollo por $128 millones

El Ministerio Público Fiscal (MPF) imputó a dos funcionarios de la Municipalidad de Andacollo y a dos proveedores locales por integrar una asociación ilícita que - según la investigación- ejecutó al menos trece maniobras defraudatorias que generaron un perjuicio de alrededor de $128 millones al erario municipal.

La audiencia se realizó este jueves y estuvo encabezada por el fiscal del caso, Víctor Salgado, y el fiscal jefe, Fernando Fuentes, quienes presentaron cargos contra Eduardo Argentino Zenteno, secretario de Servicios, Redes y Espacios Verdes; Carlos Daniel Leiva, director de Redes; y los comerciantes K.C.V. y J.C.V., titulares y administradores de un corralón proveedor del municipio. Los cuatro están actualmente bajo investigación y los dos funcionarios se encuentran de licencia.

De acuerdo con el MPF, entre junio y octubre de 2025 los imputados constituyeron una organización con estructura estable y jerarquizada, mediante la cual certificaron horas de maquinaria vial que nunca fueron ejecutadas, dispusieron de áridos de la cantera municipal sin autorización y se apropiaron de bienes y materiales pertenecientes a la comuna.

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Las maniobras detectadas ascienden a trece hechos, entre ellos certificaciones apócrifas por obras de electrificación, zanjeos y ampliaciones de redes de gas, todas abonadas por el municipio pese a que fueron realizadas por personal municipal o por otra empresa ajena al corralón. Además, se investiga la sustracción y venta de unas 80 bateas de arena pertenecientes a la cantera municipal, así como la apropiación de herramientas, muebles metálicos y una cocina industrial.

La denuncia que dio inicio a la investigación fue presentada por el intendente Manuel San Martín, presente en la audiencia. La querella que representa al municipio adhirió a la imputación y a la calificación legal.

La fiscalía pidió declarar la causa compleja

Durante la audiencia, el fiscal Salgado solicitó que la investigación sea declarada asunto complejo y pidió un plazo de un año para finalizarla. Fundó el pedido en la pluralidad de hechos, de autores y de víctimas, así como en la necesidad de realizar pericias sobre dos computadoras y material digital secuestrado, que demandarán al menos tres meses.

Sin embargo, la jueza de garantías Vanessa Macedo Font no consideró necesario otorgar la complejidad y fijó un plazo de tres meses para la investigación.

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Pedido de embargos y prisión preventiva

Una vez confirmadas las imputaciones, el MPF solicitó medidas cautelares patrimoniales sobre los cuatro acusados. En el caso de K.C.V. y J.C.V., se pidió un embargo de $130 millones, a depositarse en una cuenta judicial bajo plazo fijo renovable. Para los funcionarios Zenteno y Leiva, se solicitó el mismo monto sobre sus cuentas bancarias y billeteras virtuales.

Respecto de las medidas personales, el fiscal jefe Fernando Fuentes consideró que los riesgos procesales están presentes principalmente en el caso de los comerciantes. Solicitó prisión preventiva para ambos por tres meses, al remarcar que poseen solvencia económica para evadir el proceso, vínculos sociales para influir en testigos y capacidad para interferir en la investigación.

En cuanto a los funcionarios, pidió medidas diferenciadas:

• Para Leiva, fijación de domicilio, comparecencia semanal en la comisaría, prohibición de salida de la provincia y de contacto con empleados municipales.

• Para Zenteno, prisión preventiva, al atribuirle maniobras previas que habrían entorpecido la investigación y capacidad para influir en testigos.

La jueza, tras escuchar a las partes, pasó a un cuarto intermedio hasta mañana para resolver sobre las medidas cautelares.

Los 13 hechos atribuidos

La acusación detalla trece hechos, entre ellos:

Certificaciones falsas de horas máquina

Incluyen certificaciones por 58, 143, 57, 116 y 105 horas de maquinaria retro pala cargadora JCB y otras unidades que nunca realizaron las tareas imputadas. Los pagos abonados por el municipio en cada caso fueron de $9,8 millones, $19,5 millones, $7,9 millones, $15,8 millones y $17,6 millones, respectivamente.

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Disposición ilegal de áridos

Dos maniobras investigadas involucran la carga de 80 bateas de áridos de la cantera municipal y la sustracción de otras 80 bateas de arena de la cantera de Chos Malal, posteriormente vendidas por el corralón con un valor estimado en $58 millones.

Apropiación de bienes del municipio

Entre enero y octubre de 2025, Zenteno habría sustraído un rollo de cable de 100 metros, una mesa de caño estructural, una cocina industrial, una mesada y un perchero metálico fabricado con mano de obra y materiales municipales. Todos los elementos fueron secuestrados en allanamientos realizados el 5 de noviembre de 2025.

Asociación ilícita

El MPF atribuye a los cuatro imputados haber integrado una organización destinada a cometer defraudaciones y actos de peculado, con estructura jerárquica, división de roles y fines económicos permanentes.

Las calificaciones legales

Las imputaciones del MPF fueron las siguientes:

• Eduardo Zenteno: defraudaciones reiteradas, peculado y asociación ilícita, en calidad de autor.

• Carlos Daniel Leiva: defraudaciones reiteradas y asociación ilícita, como coautor.

• K.C.V.: defraudaciones reiteradas, peculado y asociación ilícita, como coautor y partícipe necesario.

• J.C.V.: defraudaciones reiteradas, peculado y asociación ilícita, como autor y partícipe necesario.

La continuidad de la causa está prevista para este viernes, cuando la jueza informe las medidas cautelares que adoptará.