Cooperativa 127 hectáreas: piden que el Gobierno decida si hay que intervenir y apartar a Jorge Salas

El escándalo por la estafa de la cooperativa 127 hectáreas podría sumar un nuevo capítulo, con un pedido concreto para el gobernador Rolando Figueroa. Este miércoles, los asociados damnificados que exigen la intervención de la organización presentaron un recurso administrativo para que el mandatario decida si hay que intervenir la cooperativa y apartar a su presidente, Jorge Salas, señalado por la falta de entrega de las viviendas.

Los asociados damnificados decidieron "apelar la disposición de la Dirección de Personas Jurídicas que se niega por ahora a intervenir la cooperativa", según informó en un escrito el abogado que los representa, Mariano Mansilla. Según esta postura, ahora "el Gobernador deberá decidir si impulsa o no la intervención como lo solicitó la Legislatura y cientos de asociados", que acusan a Salas de haber perpetrado una "monumental estafa".

Salas, que ocupó el año pasado el cargo de director de Hábitat y Urbanismo de la provincia en el gabinete de Figueroa, hoy sigue a cargo de la cooperativa, pese a las denuncias de socios damnificados. Mientras que la Dirección de Personerías Jurídicas dilata su decisión de intervenir o no esa entidad, otros asociados que forman parte de la agrupación se manifestaron en esas oficinas para defender a Salas y aclarar que no hace falta una intervención.

La presunta estafa y la intervención

En febrero, y tras la denuncia por una presunta estafa multimillonaria por parte de la cooperativa 127 hectáreas, su principal referente, Jorge Salas, renunció a su cargo como director de Hábitat y Urbanismo de la provincia. Aseguró que no le solicitaron la dimisión y acusó al ex diputado provincial Mariano Mansilla de haber iniciado una campaña de desprestigio político en su contra.

Los damnificados aseguraban que pagaron las cuotas de su lote para recibirlo a fines de 2023 y que todavía siguen esperando por la solución habitacional. En ese contexto, Mansilla impulsó una inhibición de los bienes de la cooperativa por 300 millones de pesos, pero otro grupo de asociados respalda el liderazgo de Salas y pide que no intervengan la cooperativa, porque ellos siguen esperando su terrenos o viviendas.

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Jorge Salas presidente de la Cooperativa 127 Hectáreas.

Claudio Espinoza

"Tengo la necesidad de estar con mis compañeras que hoy están siendo atacadas por una campaña política de desprestigio contra mi persona y contra la cooperativa, de parte de Mariano Mansilla que ha salido por todos los medios", había dicho Salas al presentar su renuncia al gabinete provincial.

"Sí es cierto que hay atrasos y demoras, pero siempre vamos a dar la cara", dijo y agregó: "Se han hablado barbaridades como que no me encontraron y no doy la cara. Jamás hubo maltrato y al que le tenga que decir que no porque no tengo lugar, se lo vamos a decir".

Socios a favor y en contra

El 14 de agosto, un grupo de damnificados se concentró por la mañana frente a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas para exigir una decisión política que aparte al presidente Jorge Salas, imputado en una causa por presunta estafa. Buscaba presionar al gobierno de Neuquén para que tome una decisión que los acerque a obtener una respuesta definitiva.

Muchos de ellos pagaron cuotas sociales, “paredones”, terrenos y casas que nunca vieron, en una mecánica que se desplegó durante años en La Sirena unificada, La Meseta de Neuquén y Centenario.

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Los damnificados de la Cooperativa 127 Hectáreas se reúnen todos los sábados.

Al día siguiente, la Dirección de Personas Jurídicas recibió otra visita: esta vez, de socios autoconvocados que respaldaron el liderazgo de Salas. Aunque fueron 38 los que se presentaron en las oficinas, aclararon que representaban a un grupo de más de mil asociados.

"Nosotros solicitamos que no se diera paso a la intervención de la cooperativa, decíamos que la cooperativa siga trabajando como lo están haciendo hace muchos años", dijo Mirna Vidal, una de las socias de la cooperativa, en una entrevista con LU5.

Vidal aclaró que aquellos que piden la intervención forman parte de "un grupo minoritario que nosotros tampoco tenemos la seguridad como socios, que sean todos socios de la cooperativa". Agregó, además: "las entregas de las viviendas se hacen por antigüedad y es un grupo que quiso pasar por arriba de muchos socios que tienen dos o tres años y quisieron pasar por arriba nuestro y llevaron a que nos perjudicaran a todos, porque está trabado toda la entrega de viviendas y de lotes".

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Sebastián Fariña Petersen

En el conflicto se enfrentan dos grupos. Por un lado, los que piden la intervención, con reclamos respaldados por las denuncias penales y civiles que involucran a Salas y al consejo de administración de la cooperativa. El pedido de los damnificados es intervenir la cooperativa (algo que ya pidió la Legislatura de Neuquén por mayoría y un voto oficial dividido) para nombrar un interventor que tome el control administrativo y financiero, y destrabe la devolución de bienes a las familias afectadas.

Por otro lado, los que piden que la cooperativa retome su actividad para acceder más rápido a una vivienda. "Estamos convencidos que no hubo ningún tipo de estafa confiamos en la comisión directiva de que en el 2007 viene funcionando y entregando soluciones habitacionales", afirmó Vidal.

Apurar la intervención, el nuevo pedido

Tras el rechazo de intervención por parte de la Dirección de Personas Jurídicas, los socios damnificados, representados por Mansilla, presentaron este miércoles un recurso administrativo, solicitando a Figueroa que tome cartas en el asunto. Para ellos, la dilación en la toma de decisiones los aleja aún más de una vivienda, porque no pueden recurrir a otras herramientas de crédito o cooperativas alternativas para acceder a un lote.

"Durante ese extenso período, muchos de nosotros perdimos toda posibilidad de acceder a otra solución habitacional, ya que, conforme a las condiciones impuestas por la entidad para mantener la condición de beneficiario del lote o proyecto en curso, se exigía expresamente no poseer otra vivienda a nombre propio. En consecuencia, nos vimos impedidos de inscribirnos en otras cooperativas, acceder a planes sociales de vivienda, e incluso de heredar o adquirir inmuebles por otras vías, ya que ello hubiera implicado nuestra exclusión automática de los proyectos de la cooperativa, luego de años de aportes y sacrificios", señalaron en el escrito.

La intervención de la cooperativa es la única vía para apartar a su presidente, Jorge Salas, principal imputado en una causa por presunta estafa, y acceder a los números reales de la entidad, sus cuentas internas y el estado de los bienes embargados.

Actualmente, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas sostiene que, administrativamente, la cooperativa está “en regla” con balances al día, estatuto vigente. Pero para los denunciantes ese no es el problema.

“Si no hay intervención, no se puede armar una mesa de negociación porque el que representaría a la cooperativa es Salas. Y no podemos sentarnos a negociar con el principal imputado. Con un interventor, en pocos días podría reunirse la cooperativa intervenida, las víctimas y el Estado provincial”, remarcaron fuentes legislativas.