Planes sociales, el juicio de cesura: el aporte de una abogada y actual funcionaria

Claudia Braseras se plantó con sobriedad ante los jueces del juicio de cesura por la estafa con planes sociales en Neuquén. Su testimonio sirve para determinar si en esta etapa final existen elementos que agraven las penas o, por el contrario, indicadores que las morigeren, de los 12 condenados por fraude agravado por el uso de tarjetas de débito.

Funcionaria y abogada del actual gobierno de Rolando Figueroa, llegó para explicar cómo se reconvirtió el esquema de subsidios tras el escándalo de la denuncia en 2022, aunque evitó cualquier comparación directa con la gestión del exgobernador Omar Gutiérrez, donde estalló el caso. Detalles del derrotero de un expediente ante una emergencia, y cómo se pagaban los subsidios, para conocer si en términos administrativos, había diferencia entre las dos gestiones.

Braseras es abogada y licenciada en Psicología -graduada en la UBA y en Derecho en la UNCo- y desde diciembre de 2023 ocupa el cargo de subsecretaria de Atención a la Ciudadanía y Coordinación de Gestión dentro del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, a cargo de Lucas Castelli. Este último fue quien inició su gestión con denuncias penales contra las organizaciones sociales, por el manejo de fondos públicos.

SFP Juicio Estafa con los Planes Sociales (14)

Desde esa área, la Braseras aseguró, se encontró con un sistema fragmentado y saturado. “Había dos grupos de planes. Algunos eran de asistencia a cooperativas y otros, subsidios al desempleo. Por decisión del ministro, las líneas de cooperativas se suspendieron y los subsidios se reconvirtieron en un incentivo a la empleabilidad”, indicó la testigo.

Planes sociales, la reconversión y el punteraje

La funcionaria detalló que, al asumir, detectaron que se cobraban alrededor de 27 mil subsidios, por lo que en 2024 realizaron un relevamiento masivo en el Ruca Che para verificar caso por caso. Afirmó que hoy alrededor de 7.500 personas continúan dentro del programa reconvertido, mientras que en el momento del relevamiento quedaban unas 11 mil. Sobre este número hay varias lecturas. Algunos no necesitaban los planes y renunciaron o no se presentaron, otros consiguieron trabajo y muchos quedaron divididos con otros programas de asistencia de módulos alimentarios.

Braseras describió que su área trabaja con población vulnerable, asistencia alimentaria, emergencia habitacional y programas de empleabilidad. También mencionó el programa “Puente”, destinado a personas en situación de extrema pobreza, incluso en calle o analfabetas, que requieren alojamiento y acompañamiento integral. En todos los casos, la inscripción formal a los nuevos "planes sociales" que no son tal, se canaliza a través de Emplea Neuquén.

SFP Juicio Estafa con los Planes Sociales (20)

El punto más sensible de su declaración surgió al hablar del rol de los intermediarios. “Teníamos los famosos referentes -explicó ante una pregunta del fiscal Manuel Narváez- que a veces venían solos, otras veces con 200 o 300 DNI para querer registrarlos. Eso ahora no va. El trámite es individual”.

Relató que, al inicio de la nueva gestión, muchos beneficiarios asistían acompañados por punteros, vecinalistas, referentes del MPN o integrantes de organizaciones sociales. Precisamente fue este el sistema que intentó desarmar el actual gobierno.

“Les decíamos que no hacía falta ningún intermediario”, afirmó. También planteó que, en su área, se les dio a los beneficiarios la posibilidad de denunciar maniobras irregulares, aunque la mayoría se negó a identificarse por temor. “Después entendieron que no hacía falta ningún intermediario”, sostuvo.

La abogada evitó, sin embargo, atribuir responsabilidades directas a la gestión anterior o mencionar detalles, y sólo se limitó a declarar desde su función. Cada vez que las partes le preguntaron sobre cómo funcionaba antes el sistema, se limitó a responder: “Desconozco”.

La actitud llamó la atención de algunos defensores, en especial Pablo Gutiérrez (de Tomás Siegenthaler, Laura Reznik y Julieta Oviedo) al evitar cualquier afirmación que pudiera interpretarse como una comparación o juicio sobre la administración previa.

Cuando el defensor Alfredo Cury quiso indagar sobre su experiencia previa en el Estado y en particular sobre las diferencias entre el procedimiento actual y el anterior, la respuesta fue la misma, que desconocía cómo se hacía. Lo único que sostuvo con firmeza fue cómo funciona hoy el sistema, los mecanismos de auditoría y la eliminación de los punteros que intentaban controlar el acceso al beneficio.

Ayuda social, colchones y expedientes: detalles y silencios

La testigo puso el ejemplo de cómo se hace administrativamente para iniciar los expedientes de emergencias, como por ejemplo de pedido de chapas, colchones o módulos alimentarios de personas vulnerables. Sostuvo que se tiene en cuenta el informe de la asistencia social, la entrevista personal para determinar "cuáles son las necesidades y si está dentro de los bienes del depósito, se da respuesta inmediata, además de hacer las derivaciones".

"El trámite administrativo está finalizado cuando se entregan los colchones, y luego las rendiciones van al expediente correspondiente", sostuvo Braseras, ante la pregunta del abogado Cury.

En la causa de los planes sociales hay toda una polémica, respecto a los expedientes que "se armaban" después de que salían los pagos y hubo declaraciones de contadores y abogados durante el juicio que sostuvieron esas irregularidades. Es por eso que la pregunta de Cury tuvo algo de capciosa.

"No se tarda más de 48 horas entre la urgencia y la entrega del colchón. El procedimiento es siempre el mismo", dijo la testigo.

De este modo, Braseras aportó información sobre la extensión y reconversión de los planes sociales y confirmó la incidencia de los punteros partidarios sobre las decisiones de los funcionarios, en un punto central para evaluar el daño ocasionado en la causa por estafa.