Javier Pérez.
Miles de familias de Neuquén y Cipolletti encontraron en Balsa Las Perlas el lugar ideal para construir su casa y vivir alejados del ruido, la inseguridad y las complicaciones de las dos ciudades principales del Alto Valle. Tan alejados, sin embargo, que terminaron casi afuera del sostén del Estado: la mayor parte del poblado no tiene luz ni agua de red y no existen las conexiones de cloacas. Los perlenses mienten en su domicilio para poder tener cobertura de salud en Neuquén. Y ni siquiera pueden votar en la escuela primaria del lugar: legalmente son cipoleños, pero el paraje queda en el departamento El Cuy, y el que quiere elegir gobernantes debe viajar más de 100 kilómetros hasta Cerro Policía, donde está empadronado. Los perlenses fueron ninguneados durante décadas por la Municipalidad cipoleña y el gobierno rionegrino, y desde Neuquén se brindan a regañadientes algunos servicios, como el transporte o el suministro de energía. Igual forjaron una comunidad con sentido de pertenencia que se acerca a su gran objetivo: convertirse en una ciudad autónoma para “gestionar nuestras propias soluciones”, como repiten los vecinos en el lugar. Aunque no hay oposición oficial a su plan, y desde el 2011 se avanza en el proceso de regularización dominial, Las Perlas no es prioridad ni para eso. El año pasado se suspendió el referéndum para definir la escisión de su ciudad madre. Y, en su actual presupuesto, el gobierno cipoleño apenas asignó 3.000 pesos para costear su realización. Viven tan lejos que cuando protestan, en el puente Lembeye, no molestan ni se escuchan. Entonces, parece, tienen menos derechos que los demás.