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La Mañana causa Vialidad

Causa Vialidad: Cristina Kirchner pidió suspender la ejecución de sus bienes

Los imputados de la causa Vialidad tenían hasta mañana para depositar 684 mil millones de pesos y no ser embargados.

Un día antes de que se cumpliera el plazo fijado por el tribunal de la causa Vialidad, la defensa de Cristina Fernández de Kirchner presentó un escrito para impugnar la ejecución de sus bienes y validó la legitimidad de su patrimonio.

El Tribunal Oral Federal 2, había establecido el miércoles 13 de agosto a las 9:30 como fecha limite para que, tanto la expresidenta como el resto de los imputados, depositaran 684 mil millones de pesos en una cuenta judicial. Esta medida formaba parte de las sanciones penales impuestas por maniobras de defraudación a la Administración Pública en la causa vialidad.

Según explicó el tribunal, el decomiso de los bienes se establece como “determinación fehaciente del daño producido al erario público que, como contrapartida, fue considerado como provecho de un gravísimo hecho de corrupción”.

Como resultado de la causa se determinó que a lo largo de los gobiernos de Néstor y Cristina, durante el periodo comprendido entre 2003 y 2015, hubo irregularidades en las obras públicas concedidas al empresario Lázaro Báez para Santa Cruz. Este último, también resulto condenado en el caso junto al ex secretario de Obras Públicas José López, el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti y cinco ex funcionarios provinciales.

Para determinar el monto del decomiso, los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, utilizaron como referencia el índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. La cifra se actualizó de acuerdo a los 85 mil millones que había fijado el tribunal en el veredicto emitido en diciembre de 2022.

El escrito pide que no se embarguen los bienes

En el día de hoy, Cristina Fernández junto a sus abogados Carlos Alberto Beraldi y Ary Llernovoy presentaron escritos para responder a la intimación del TOC respecto a la orden de pago “bajo expreso apercibimiento de ejecución de los bienes que sirvan a esos fines”.

Según argumentaron, los fiscales Diego Luciani y Sergio mola, al realizar el listado de bienes que serían ejecutados si incumpliera la orden de pago, “omitieron llevar a cabo una investigación patrimonial que permita probar, con el grado de certeza necesario para imponer una sanción penal, cuáles son los bienes que son encuadrables bajo la tipología prevista en el art. 23 del Código Penal”.

El hotel boutique Los Sauces, ubicado al lado de la casa de Cristina Kirchner en El Calafate (AFP)
El hotel boutique Los Sauces es una de las propiedades que podrían embargar en la causa Vialidad.

El hotel boutique Los Sauces es una de las propiedades que podrían embargar en la causa Vialidad.

“Sentado cuanto precede de conformidad con los términos fijados por la ley y los criterios jurisprudenciales antes mencionados, debo manifestar que no tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio, y por ende sean decomisables. En otras palabras, no tengo 'bienes que sirvan a esos fines’ y que consecuentemente puedan ser ejecutados (...)“.-aclaró en el escrito.

Además, aseguró que “Lejos de ello, toda mi evolución patrimonial, al igual que la del resto de la familia Kirchner, resulta absolutamente legítima.

Según CFK, la medida dispuesta y el cálculo que se realizó para fijar el monto a pagar estuvieron viciados desde un principio. “Esta regresión normativa, que nos reconduce a prácticas inquisitivas y totalitarias, transforma al proceso en trámite en un mecanismo de persecución con rasgos estrictamente confiscatorios", afirmó en su presentación.

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Por otro lado, manifestó que “Todo ello revela una situación de extraordinaria gravedad institucional, en tanto se pretende llevar a cabo, por vías de hecho, lo que el derecho expresamente prohíbe. En ese contexto, es imposible no calificar a lo actuado como un verdadero disparate jurídico, que se aparta de manera grosera del sistema legal vigente y que, de concretarse, comprometerá la responsabilidad internacional del Estado argentino, a mérito de las garantías convencionales vulneradas".

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