Corrupción en ANDIS: pidieron la detención del extitular Diego Spagnuolo y otras cinco personas

El panorama judicial que sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se agravó significativamente esta semana. El fiscal Federal Franco Picardi pidió la detención del extitular del organismo, Diego Spagnuolo, y otras cinco personas más, en el marco de la investigación por "graves hechos de corrupción".

Esta medida es una de las más contundentes solicitadas en la causa, que tiene en total a 15 personas citadas a indagatoria por el juez federal Sebastián Casanello. La detención de Diego Spagnuolo fue requerida específicamente por la presunta participación en el direccionamiento de compras y la obtención de beneficios indebidos.

Junto a él, el fiscal solicitó la aprehensión de otras cinco figuras clave. Entre ellos se encuentra Daniel Garbellini, ex director de Acceso a los Servicios de Salud de la agencia. La lista de pedidos de detención se completa con Miguel Ángel Calvete, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno y Pablo Atchabahian. El extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo, deberá presentarse a declarar ante el juez Casanello el próximo 19 de noviembre.

Las maniobras ilícitas detectadas por el fiscal Picardi apuntan a la existencia de una organización delictiva que operaba dentro del organismo. Esta red se dedicaba a manipular las compras de medicamentos e insumos de alto costo, generando elevados sobreprecios y concretando pagos de sobornos a funcionarios públicos a cambio de adjudicaciones.

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Un perjuicio directo a los sectores vulnerables

El fiscal Franco Picardi sostuvo que las acciones de los funcionarios acusados se realizaron en detrimento del erario público y, principalmente, en perjuicio del sector poblacional con discapacidad, un grupo de especial vulnerabilidad. Las prestaciones afectadas corresponden al Programa Incluir Salud, que garantiza cobertura a personas con pensiones no contributivas.

Este programa es vital, ya que asiste a personas que carecen de otra cobertura de salud, abarcando, entre otros, a madres con siete hijos y mayores de 70 años en situación de pobreza. Según el requerimiento fiscal, Spagnuolo "permitió, consintió y supervisó el direccionamiento de compulsas de precios".

El objetivo de este esquema era que determinadas droguerías y firmas vendedoras resultaran adjudicatarias de contratos millonarios en un corto plazo. Se presume que este manejo se concretaba con sobreprecios significativos, y a cambio de diversos beneficios económicos indebidos para los funcionarios, incluido Spagnuolo.

Otro de los principales apuntados es Daniel Garbellini, quien, de acuerdo con la fiscalía, permitió junto a Spagnuolo que personas ajenas a la ANDIS tomaran decisiones sobre asuntos públicos. Esto incluía la determinación de las prestaciones que debía o no cubrir el organismo.

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Incluso se les imputa haber permitido que estas personas externas intervinieran en la administración de los recursos dinerarios de la agencia para conseguir beneficios económicos a cambio. De esta manera, garantizaban que la agencia funcionara al servicio del interés privado, contrariamente a sus fines sociales.

La fiscalía también solicitó el secuestro de los dispositivos electrónicos de Spagnuolo, Garbellini y Calvete para su extracción forense, buscando documentación que vincule a las firmas Profarma S.A., Indecomm S.R.L., y las droguerías Suizo Argentina S.A., Genesis S.A., y New Farma S.A., entre otras, con el caso. (Ver más detalles sobre la Agencia Nacional de Discapacidad en esta nota).

Las evidencias y la respuesta de las defensas

La solicitud de detención contra Diego Spagnuolo y los otros imputados se basa en un amplio universo de indicios de corrupción, que el fiscal defendió ante las cámaras federales. El caso tomó notoriedad a partir de la difusión de unos audios en los que el ex titular del organismo mencionaba a la empresa Suizo Argentina.

En los fragmentos conocidos de esas grabaciones, quien sería Spagnuolo habría involucrado a figuras de alta política, como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al asesor Eduardo “Lule” Menem. Se mencionaba un supuesto esquema de sobreprecios y cobro de coimas, en el que supuestamente se quedarían con un 3% del valor de los contratos celebrados entre la droguería y el Estado.

No obstante, las defensas han planteado un pedido de nulidad de la causa, que actualmente es analizado por la Sala II de la Cámara Federal. Spagnuolo, asistido por su abogado Mauricio D'Alessandro, desconoció la autenticidad de los audios y alegó que estos podrían ser ilegales por violar su privacidad. El abogado afirmó que "los audios que involucran a Spagnuolo son falsos y fueron editados con inteligencia artificial”.

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La defensa de los dueños de la droguería Suizo Argentina también apeló al principio non bis in idem (no ser juzgado dos veces por el mismo hecho). Argumentaron que las supuestas maniobras de corrupción ya se habían investigado en una causa previa que terminó archivada por inexistencia de delito.

La justicia ahora analiza estos planteos contra el rechazo previo del juez federal Sebastián Casanello.

Otras pruebas que apuntalan la investigación

El fiscal Picardi argumentó que el disparador de la causa no fueron únicamente los audios cuestionados, sino un amplio universo de indicios de corrupción. Como ejemplo contundente, citó el decreto del presidente Javier Milei que desplazó a Spagnuolo y Garbellini de sus cargos.

Entre los fundamentos de ese decreto, se indicaba la necesidad de limitar las designaciones de los exfuncionarios "por razones de público conocimiento y a fin de que el Poder Judicial de la Nación efectúe las investigaciones que resulten necesarias".