El Gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero no la aplicarán por falta de fondos

El Senado de la Nación ratificó este jueves la Ley de Emergencia en Discapacidad y rechazó el veto total que había impuesto el presidente Javier Milei. Aún así, tal como lo anticipó el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la norma fue promulgada pero quedará suspendida hasta que el Congreso asigne fondos específicos para tal fin.

En este sentido, el Gobierno Nacional a través del Decreto 681/2025, en el Boletín Oficial promulgó la Ley 27.793 que declara la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, pero suspendió la aplicación debido al impacto fiscal que, consideran, traería a las cuentas del Estado.

Esta ley incluye la creación de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, acceso obligatorio al Programa Incluir Salud, que cubre prestaciones básicas y de alto costo. También se especifica una actualización mensual de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, compensaciones económicas de emergencia a prestadores, calculadas según la diferencia entre aumentos de aranceles y la inflación medida por el INDEC y extensión a tres años de eximición parcial de contribuciones patronales para empleadores que contraten personas con discapacidad por tiempo indeterminado.

Ley Emergencia Discapacidad

El fallo judicial declaró inválido el veto presidencial, tras considerar que los derechos de los niños con discapacidad deben estar por encima de cualquier ajuste económico.

Para el Gobierno, poner en ejecución esta ley equivale al 0,35% del PBI

Según el decreto, la implementación total de la ley demandaría más de 3 billones de pesos, lo que equivale al 0,35 % del Producto Bruto Interno (PBI), sin contar el posible aumento de beneficiarios ni la ampliación del Programa Incluir Salud.

El Ejecutivo justificó la suspensión en los artículos 38 de la Ley 24.156 y 5 de la Ley 24.629, que obligan a especificar la fuente de recursos en cualquier norma que genere erogaciones adicionales. El texto oficial sostuvo que el Parlamento "omitió señalar de manera precisa" de dónde saldrán los fondos y advirtió que la facultad de reasignar partidas del jefe de Gabinete "no constituye una fuente concreta, específica ni suficiente".

En paralelo, a través de la Decisión Administrativa 24/2025, el Gobierno dispuso una modificación presupuestaria para reforzar la financiación de las prestaciones a personas con discapacidad. La medida, que responde al reclamo de actualización de aranceles de los prestadores, regirá a partir del 1° de octubre.

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Esa readecuación aumenta los fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dependiente del Ministerio de Salud, y reduce créditos de la Jurisdicción 91 - Obligaciones a Cargo del Tesoro, que suele utilizarse para compromisos generales del Estado. El objetivo es atender gastos urgentes, especialmente los vinculados al Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.

Este documento reconoce que la norma sancionada por el Congreso contempla el financiamiento de esos gastos, pero recuerda que su ejecución se mantiene suspendida hasta que el Parlamento precise las fuentes de financiamiento. Aun así, el Ejecutivo resolvió adelantar la actualización de aranceles desde octubre para dar respuesta al reclamo de los prestadores.

Diputados denunciaron a Milei por no aplicar la ley de Emergencia en Discapacidad

Los diputados nacionales de Encuentro Federal Esteban Paulón y Mónica Fein denunciaron al presidente Javier Milei y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por no aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad, recientemente ratificada por el Congreso tras voltear el veto presidencial.

Además de Milei y Francos, se denunció a la secretaria Legal y Técnica de la Nación, María Ibarzábal Murphy, y al director del Boletín Oficial, Walter Rubén González. A todos los funcionarios los acusan de los delitos de presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.