Promulgaron la ley de financiamiento universitario y emergencia pediátrica: qué medidas establecen

Este martes se conoció que el Gobierno Nacional promulgó las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario. A través de los decretos 759/2025 y 760/2025 publicados en el Boletín Oficial, se reglamentó esta medida.

Aún así, cabe destacar que la aplicación de ambas quedó suspendida hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento, e incluya las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional.

Las disposiciones alcanzan a la Ley N° 27.795, que establece un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas y la recomposición salarial del personal docente y no docente; y a la Ley N° 27.796, que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud por un año.

camara diputados ley bases 270624

Se viene una sesión fundamental para tratar el veto a la Ley de Financiamiento Universitario en la Cámara de Diputados.

Desde el Poder Ejecutivo, argumentaron que ambas legislaciones fueron suspendidas debido al impacto fiscal que generarían sobre las cuentas del Estado. En los decretos se señala que el Congreso no especificó las fuentes de recursos necesarias para cumplir con las erogaciones que implican, lo cual contraviene lo establecido en la Ley N° 24.156.

Qué establecen las leyes promulgadas

En el caso de la ley Pediátrica, declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica por un año, reconoce al Hospital Garrahan como centro de referencia nacional, deroga una resolución que afectaba las residencias médicas, y asigna recursos prioritarios para insumos, infraestructura y recomposición salarial del personal de salud infantil.

También exime al personal de salud del impuesto a las Ganancias por actividades críticas y crea una comisión de seguimiento con participación del Congreso, el Ministerio de Salud, COFESA y la Sociedad Argentina de Pediatría.

ON - Marcha por el Garrahan (16)

Omar Novoa

Por su parte, la ley de Financiamiento Universitario obliga al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas destinadas a universidades públicas desde enero de 2025 según la inflación medida por el INDEC. Incluye:

• Ajuste salarial docente y no docente desde diciembre de 2023.
• Actualización bimestral de gastos de funcionamiento durante 2025.
• Recomposición de becas Progresar, Belgrano y Enfermería.
• Control externo por parte de la Auditoría General de la Nación (AGN).
• Garantía de que las partidas no afectarán coparticipación ni aportes provinciales.

ON - Marcha Universidad (11).jpg

Omar Novoa

La promulgación significa que las leyes existen y se encuentran vigentes. Aún así, la postergación de su aplicación implica que se impide que asignen fondos, la actualización de salarios o se implementen programas hasta garantizar el financiamiento.

Esta medida se justificó en evitar desfinanciar otros programas sanitarios y educativos esenciales mientras se resuelven los recursos necesarios.

En la práctica, tanto universidades públicas como hospitales pediátricos deberán esperar la asignación presupuestaria antes de recibir los beneficios que las leyes establecen.

Antecedentes con la Ley de Emergencia en Discapacidad

En el mes de septiembre, el Ejecutivo realizó la misma maniobra al promulgar la ley pero queda suspendida hasta que el Congreso asigne fondos específicos para tal fin.

El Gobierno Nacional a través del Decreto 681/2025, en el Boletín Oficial promulgó la Ley 27.793 que declara la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, pero suspendió la aplicación debido al impacto fiscal que, consideran, traería a las cuentas del Estado.

Esta ley incluye la creación de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, acceso obligatorio al Programa Incluir Salud, que cubre prestaciones básicas y de alto costo. También se especifica una actualización mensual de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, compensaciones económicas de emergencia a prestadores, calculadas según la diferencia entre aumentos de aranceles y la inflación medida por el INDEC y extensión a tres años de eximición parcial de contribuciones patronales para empleadores que contraten personas con discapacidad por tiempo indeterminado.