Más presos en comisarías, colchones en el piso y sin ver la luz: ¿Qué pasó en las cárceles de Neuquén en 2025?
Señalan deficiencias en viandas, calefacción, acceso a la salud y al trabajo. Proponen recomendaciones y políticas públicas para disminuir la violencia.
El Informe Anual 2025 del Comité Provincial de Prevención contra la Tortura (CPPT) advirtió sobre la crisis carcelaria en Neuquén: sobrepoblación, la utilización de comisarías como lugares de alojamiento permanente, problemas edilicios y graves falencias en salud, alimentación y acceso a derechos.
Como en años anteriores, señalaron que el sistema de encierro de Neuquén atraviesa una situación crítica que requiere respuestas urgentes por parte del Estado. El panorama está marcado por la sobrepoblación, el deterioro de las unidades de detención y el uso cada vez más frecuente de comisarías para alojar personas privadas de libertad durante períodos prolongados.
El documento, elaborado a partir de inspecciones y monitoreos realizados durante el último año, advierte que los problemas detectados no constituyen hechos aislados sino que responden a falencias estructurales que se profundizan con el crecimiento sostenido de la población detenida.
Las incompatibilidades con la ley vigente coincidieron con el Órgano Provincial de Revisión de Salud Mental que también extendió su preocupación por la presencia de personas con padecimientos mentales alojadas en cárceles y comisarías detectadas en los monitoreos en la U11, U12, U16, U21, U22, donde hay un solo profesional psiquiatra para todas las unidades de detención.
Estadísticas de la crisis carcelaria en Neuquén
Según el informe, durante 2025 la cantidad de personas privadas de libertad en la provincia aumentó un 13,7 por ciento. El dato adquiere especial relevancia porque el sistema ya funcionaba con niveles de ocupación elevados y sin capacidad suficiente para absorber nuevos ingresos.
Uno de los aspectos más preocupantes señalados por el organismo es que 218 personas permanecían alojadas en comisarías, dependencias concebidas para detenciones transitorias y no para estadías prolongadas.
El informe señala que uno de los problemas más graves es el alojamiento de personas condenadas en comisarías, lo que contradice la normativa vigente. Al respecto, en una entrevista realizada por el programa de streaming de LM Play, Pablo Scatizza afirmó que "seis de cada diez personas de las comisarías hoy tienen condena".
Por su parte, Roberto Samar aseguró que durante 2025 la cantidad de detenidos alojados en comisarías aumentó un 33%.
"Lo que encontramos es que aumentó mucho la cantidad de personas que están alojadas en comisarías. Son condiciones inhumanas y degradantes porque tenés personas con condena firme habitando espacios donde no tienen acceso a la luz natural, tienen vulnerado el derecho a la educación y al trabajo", sostuvo.
Además, sostuvo: "Tenemos personas durmiendo con colchones en los pasillos, pasando frío durante meses. Las comisarías están pensadas para una detención breve, no para quedar de forma permanente habitando ese lugar".
Cárceles con sobrepoblación y deterioro
Las observaciones realizadas en las Unidades de Detención N° 11, 12 y 16 también reflejan una situación compleja en cuanto a la calidad de las viandas que reciben las personas privadas de libertad.
"La mayoría de las personas detenidas decide no comer esas viandas porque muchas veces llegan en mal estado. Eso termina generando que familiares, muchas veces de barrios empobrecidos, tengan que llevar comida y asumir una carga económica adicional", explicó
En la U11, ubicada en Parque Industrial de Neuquén Capital y considerada la más grande de la provincia, el CPPT detectó niveles de ocupación que superan ampliamente los parámetros recomendados. El informe señala que las celdas colectivas presentan deficiencias en materia de espacio, ventilación, iluminación y seguridad.
Además, durante 2025 se registraron incendios, hechos de violencia y fallecimientos dentro del establecimiento, situaciones que para el organismo evidencian la necesidad de implementar medidas urgentes para mejorar las condiciones de alojamiento.
En la Unidad 12 se relevaron problemas vinculados con la infraestructura sanitaria, las instalaciones eléctricas y la provisión de agua caliente.
En tanto, la Unidad 16, destinada a mujeres y niños, presenta falencias que, según el Comité, requieren una revisión inmediata desde una perspectiva de género y de protección integral de la niñez. En algunos sectores se constató la ausencia de sistemas adecuados de calefacción, por lo que las mujeres recurrían al horno o a las hornallas para calefaccionarse, con los riesgos que eso implica. Además advirtieron la falta de agua caliente en duchas y griferías en algunos departamentos de madres.
En cuanto a la Comisaría 7° de la ciudad de Plottier indicaron que no cuenta con sector alcaidía y solo tiene tres calabozos para contraventores que han debido ser modificados para alojar a personas de manera permanente. Durante 2025, habitaron ese espacio once personas, con un grado de hacinamiento inhumano.
Además de otras cuestiones, monitorearon que gran parte del tiempo transcurre dentro de las celdas, sin propuestas institucionales que permitan estructurar la vida cotidiana. En este sentido, es para destacar la prohibición permanente de salir al patio (por cuestiones de seguridad, según informó la jefatura), por lo cual las personas allí alojadas no tienen contacto con la luz solar en todo el día.
Falencias en salud y alimentación
Otro de los capítulos del informe pone el foco en las dificultades para garantizar derechos básicos dentro de los lugares de detención.
El Comité detectó falta de profesionales médicos y psiquiátricos, insuficiente cobertura de enfermería durante los fines de semana y demoras en la atención de personas con problemas de salud mental.
También se registraron reclamos vinculados con la calidad y cantidad de los alimentos provistos. En algunos establecimientos se reportaron viandas insuficientes o en malas condiciones.
A ello se suman las limitaciones para acceder a actividades educativas y laborales, muchas de las cuales permanecen suspendidas o restringidas debido al deterioro edilicio y la falta de espacios adecuados.
Las recomendaciones del Comité contra la Tortura
Frente a este escenario, el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura reclamó una estrategia integral para revertir la situación y garantizar condiciones compatibles con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
Entre las principales recomendaciones figuran la reducción progresiva del alojamiento de detenidos en comisarías, la ejecución de obras de infraestructura en las unidades penitenciarias, el fortalecimiento de los equipos de salud y de asistencia técnica, la revisión de los sistemas de asignación de cupos y la implementación de políticas de prevención de la violencia institucional.
El organismo sostuvo que la prevención de la tortura y de los tratos crueles, inhumanos o degradantes constituye una obligación indelegable del Estado y advirtió que la persistencia de las actuales condiciones compromete la legalidad y el funcionamiento del sistema de encierro provincial.
Para el CPPT, el Informe Anual 2025 busca convertirse en una herramienta para orientar políticas públicas y abrir un debate sobre el futuro del sistema penitenciario neuquino, con el objetivo de avanzar hacia un modelo que garantice el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
La función social en la cárcel
Para Samar y Scatizza, Neuquén sigue discutiendo cuántas plazas carcelarias necesita, pero todavía no debate qué tipo de cárcel quiere. La pregunta de fondo no es solamente dónde alojar a las personas detenidas, sino qué modelo de ejecución penal puede garantizar derechos, reducir la violencia y favorecer la reinserción social.
Mientras el debate público gira en torno al endurecimiento de las penas, el Comité advierte que la evidencia internacional muestra que más encarcelamiento no necesariamente se traduce en más seguridad.
Dentro de contextos de encierro atravesados por el hacinamiento y las carencias materiales existen experiencias que muestran otros caminos posibles. "En las unidades de nuestra provincia y en muchas del país hay actividades como talleres de rugby, talleres de ajedrez, de boxeo. Hay organizaciones del Estado y de la sociedad civil que contribuyen a generar otros vínculos y a bajar la violencia", afirmó Samar.
"Esto responde a las políticas punitivas, el punitivismo como única salida para la resolución de conflictos. Mientras más cárcel y penas más duras se supone que implicarían mayor seguridad. Y eso se ha comprobado a nivel global que no es así", sumó Scatizza.
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