Política y petróleo

La reforma de la Ley de Hidrocarburos ya logró media sanción tras una intensa puja sobre el manejo de los recursos. Con la explotación de Vaca Muerta, que ya comienza a producir un cambio rotundo en la industria petrolera, es, a todas luces, necesaria una adecuación normativa.
Sin embargo, por más que se arribe a la mejor legislación posible, por sí sola no garantizará el éxito. Bajo el ala de la Ley de Hidrocarburos 17319, sancionada en 1967, se pasó de un modelo de fuerte presencia del Estado, con YPF como empresa de bandera, a otro privado en los ’90, en cuyos primeros años logró los mayores picos de producción en la historia de la industria petrolera nacional, pero que significó dilapidar las reservas y perder el autoabastecimiento. Todo ello sucedió con la misma ley, la casi cincuentona 17319. En medio hubo cambios, como la Ley Corta, que transfirió a las provincias el poder concedente y autoridad de aplicación, y las habilitó a fijar sus propias políticas.
Hoy se busca establecer “reglas claras” para atraer las multimillonarias inversiones que necesitan los no convencionales, el off shore y los petróleos pesados, cuando las reservas “fáciles” de extraer están cerca de agotarse. Pero, por más que se arribe a una buena ley, será la política y sus decisiones sobre la economía la que defina el éxito o el fracaso del derrotero petrolero argentino. Será la política la que deberá determinar que Vaca Muerta no solo sea un negocio para las grandes compañías y permita recuperar el autoabastecimiento energético. Será la política la responsable de corregir las desigualdades que genera la industria petrolera en la sociedad y la que garantice el cuidado del medio ambiente.