Hace cuatro años que el Ministerio de Salud de la provincia prepara un protocolo destinado a fijar las condiciones para atender en los hospitales públicos los casos de aborto no punible, cuando corre riesgo la vida de la mujer o si fue víctima de una violación.
Cuatro años es mucho tiempo para aquellas mujeres que pasan por esta compleja situación, muchas de las cuales mueren a causa de abortos clandestinos, mal practicados y sin la atención debida después de la práctica. Si hablamos de cifras, el aborto sigue siendo la primera causa de muerte de mujeres gestantes en la Argentina: entre 500.000 y 700.000 mujeres se practican un aborto cada año. Esto es sólo la punta de un iceberg que no vemos, que está oculto y cuyas víctimas son las mujeres de los sectores más pobres. En ese marco de ilegalidad se desarrolla una práctica abortiva que produce sobre los sectores populares no sólo una mirada estigmatizante, delictiva, sino también el temor a morir y el desamparo social.
Sobre el tema, el escritor uruguayo Eduardo Galeano alguna vez nos interpeló: “¿No es de sentido común, y también de justicia, ese lema de las feministas que dicen que si nosotros, los machos, quedáramos embarazados, el aborto sería libre? ¿Por qué no se legaliza el derecho al aborto? ¿Será porque entonces dejaría de ser el privilegio de las mujeres que pueden pagarlo y de los médicos que pueden cobrarlo?”.
Si la interrupción legal del embarazo es un derecho reconocido, como dice la especialista Gabriela Luchetti, ex jefa del Servicio de Ginecología del hospital Castro Rendón, “no deberíamos tener tantos requisitos para cumplirlo”.
Se presentó un proyecto de ley para que los diputados se encarguen de regular esta práctica médica.