Una muerte política

La causa en la que trabajaba Alberto Nisman, fiscal especial para el esclarecimiento del atentado a la AMIA, era una causa eminentemente política; la denuncia que presentó y sobre la que dijo que hubiera querido estar equivocado –por involucrar a la Presidenta en una conspiración– también lo era, más allá de sus derivaciones penales.
La muerte violenta del fiscal, un día antes de presentar al Congreso las pruebas de su investigación, es quizá la primera muerte política (más allá de si fue un crimen o un suicidio inducido) desde la restauración democrática. Ayer, la mayoría de los analistas reducían las alternativas a dos: o fue el gobierno o fue contra el gobierno. La muerte violenta del fiscal que combatió el llamado memorándum de entendimiento con Irán, acuerdo que alentó y aprobó el gobierno nacional, era una de las posibilidades de resolución del asunto. El propio fiscal temía por su vida amenazada. Entre otros conjurados estaba el estado terrorista de Irán, que hasta había puesto precio a su cabeza. Aunque dicen que Nisman le temía también a la guerra desatada entre servicios de inteligencia y el Gobierno tras el desplazamiento de un sector histórico en la Secretaría de Inteligencia hace apenas un par de semanas. Los desplazados y heridos de hoy habían constituido ayer un estado dentro del estado, un trabajo que llevó décadas de acumular grandes secretos y poder, secretos que terminaron muchas veces en “carpetazos” y extorsiones contra políticos, empresarios, periodistas o jueces.
La pregunta es obvia: ¿a quién le convenía silenciar a Nisman? Probablemente a quien quisiera tomar revancha contra un gobierno torpe pero resuelto a terminar con aquellos espías que lo desafiaban.