La escalada del conflicto entre YPF y las comunidades mapuches no encontró un techo. La petrolera acusa que se ven afectados sus negocios en millones de dólares, mientras que quienes se atribuyen la descendencia de los pobladores originarios de las tierras ricas en hidrocarburos acusan a la empresa de actuar sin reparos ambientales. La pelea no es nueva, sin embargo, en los últimos días pasó de las sombras a las páginas de los diarios y las pantallas de los canales nacionales. Esto obedece a la importancia que la petrolera controlada por el Estado le ha dado a las últimas acciones de las comunidades que reclaman derechos sobre los territorios que guardan un tesoro en gas, petróleo y otros hidrocarburos con alto valor comercial y gran importancia estratégica, puesto que sirven para mover buena parte de la maquinaria que le da vida a la producción y a las actividades de las familias.
Las comunidades Kaxipayiñ y Campo Maripe endurecieron sus posturas contra la petrolera, que contraatacó acusándolas de ir tras un fin económico con la excusa del ambiente y los derechos como pueblos originarios.
En la pelea, cada parte esgrime sus razones sin lugar a las del oponente.
En cualquier caso en el que se disputan intereses particulares, la responsabilidad de fijar el marco de resolución del conflicto es del Estado. Ya sea con una acción ejecutiva, con una modificación a la legislación o bien con una sentencia judicial.
Por ahora, las partes en guerra han desplegado su poder de lobby ante la mirada pasiva de los poderes del Estado, a los que les llegó la hora de actuar sin que eso implique consecuencias más graves que las de las propias de la tensión de intereses.
YPF y los mapuches defienden sus razones en un conflicto que crece sin que nadie ponga el punto final.