Las palabras del ministro de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad, Mariano Gaido, hace unas semanas dieron que hablar. “En Neuquén, tenemos sólo un poquito de RAM, un 3%”, dijo a este diario luego de salir de una reunión, el 27 de diciembre pasado, con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y los responsables de Seguridad en las provincias de Santa Cruz, Chubut y Río Negro. En ese entonces ya se empezaba a gestar una cruzada institucional contra los ataques que en Neuquén no estaban demasiado claros. Hechos que ocurrieron en base a un descreimiento y mezcla con la política, luego de los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. El informe de los hechos atribuidos a esta organización, que aún no tiene una forma sólida en la provincia, dio que el 70% de los ataques fueron en Chubut, el 20% en Río Negro y el 3% en la provincia de Neuquén. Y otro tanto, en Buenos Aires. Con los datos en la mano, las tres provincias van a acordar hoy criterios comunes para desmantelar esta organización que sí tiene actos visibles y dramáticos en Chile. En Neuquén, Vaca Muerta es una gran metáfora que mata casi todos los análisis. Los conflictos con las comunidades mapuches y los problemas con los dueños de los campos y con las petroleras han ocurrido en ese perímetro que desvela al gobierno de Mauricio Macri. La zona tiene que estar libre de conflictividad, y tanto las organizaciones mapuches visibles como el Gobierno tienen a la RAM como tema tabú. Hasta ahora, el gobierno provincial hizo lo que mejor sabe hacer: arreglar las cosas como en casa, “a lo MPN”. Quieren continuar con un relevamiento de las comunidades y sacarse fotos con los “mapuches buenos”, esos criollos que arrean ovejas y que no hacen lío.
Para el Gobierno y los actores mapuches, la RAM es tabú. Están en conflicto latente por Vaca Muerta.