Por RAMIRO MORALES
Las presiones que el gobierno nacional junto a los gobernadores nucleados en la Ofephi realizaron a las empresas petroleras para que aumenten sus inversiones abrió esta semana un capítulo de corte político en Neuquén. La senadora Nanci Parrilli, la representante más orgánica del kirchnerismo en la provincia, salió a denunciar públicamente que las empresas realizaron menos inversiones que las prometidas en los contratos de renegociación extendidos en 2008. Acompañada del diputado nacional Alberto Ciampini y del dirigente emepenista y ex ministro de Gobierno, Jorge Tobares, reclamó al gobernador Jorge Sapag que presione a las firmas para que cumplan las inversiones.
Como pocas veces, el gobierno provincial acusó el golpe, y unas horas después salió a responder la embestida. La encargada fue la vicegobernadora, Ana Pechen, que con una intensidad poco habitual criticó duramente al sector duro del kirchnerismo vernáculo y defendió la política de hidrocarburos de la provincia. Dijo que las inversiones sí se cumplieron y apuntó duramente a la familia Parrilli, sobre todo a Oscar, actual secretario de la Presidencia a quien pidió veladamente que “recapacite” por su apoyo a la privatización de YPF. “No pueden exhibir blandiendo la espada de ser los adalides de la producción petrolera en la provincia”, disparó y destacó la creación de una empresa estatal en Neuquén.
El choque dialéctico es una de las vertientes materiales de la trinchera que el gobierno nacional parece haber abierto con YPF, la principal empresa nacional y la mayor operadora de la cuenca neuquina. En ese ajedrez de posiciones, el ejecutivo provincial ha elegido una posición equidistante: a la par que reclama a la empresa una mayor inversión en Neuquén, exige al gobierno nacional que mejore los precios de gas en boca de pozo. Se trata de un pedido histórico y que responde a una ecuación elemental: mientras que el fluido que se importa de Bolivia se paga a 7 dólares el millón de BTU, el de Neuquén cotiza a 2,20. La provincia entiende que duplicando ese precio podrían ponerse en marcha varios pozos, lo que permitiría dejar de importar y equilibrar la hoy deficitaria balanza comercial energética.
Minería
Las industrias extractivas parecen haber copado la agenda en los últimos días. El martes, las palabras de Sapag publicadas por este diario repercutieron en todo el país: anunció la creación de un organismo nacional de provincias mineras. A los dos días, el anuncio se materializó con la creación de la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi), de la cual Neuquén forma parte.
Del primer documento emitido, de tinte sobre todo declamativo, sólo se desprende el apoyo de los estados provinciales y nacional a la actividad, fuertemente cuestionada por estos días por su alto impacto ambiental. El compromiso central fue cuidar el medioambiente, sin dejar de lado una actividad que, aunque sin demasiado valor agregado, genera puestos de empleo.
En la trastienda del encuentro se habló de la importancia de la creación de empresas mineras estatales que funcionen en sociedad con las grandes empresas, en su mayoría extranjeras. Se busca de esta forma participar de la ganancia de la extracción de minerales y metales, y a la vez controlar de cerca su accionar. Se trata de una forma, al menos parcial, de remediar los privilegios garantizados al sector desde los '90. El entramado legal que rige la actividad exime a las empresas de impuestos y deja escasas regalías para las provincias.
Neuquén ya avanzó en este sentido con la revalorización de Cormine, la empresa estatal que volvió al ruedo en 2008 con dos proyectos mineros metalíferos en actividad, aunque uno de ellos, el de Campana Mahuida, se encuentra frenado por cuestiones legales.
La provincia también tiene su propia normativa al respecto. Tras un intenso debate que llevó dos años, los diputados provinciales aprobaron en 2010 la Ley 2.682, que prohibió el uso del cianuro, mercurio y ácido sulfúrico únicamente en un radio de 10 kilómetros alrededor de localidades y a una franja de hasta 1.000 metros del cauce de los ríos. El caso del cianuro se discute por estos días en la vecina Río Negro, donde el fallecido gobernador Carlos Soria derogó la prohibición de su uso, aprobada en la gestión de Saiz.
Mano de obra
Curiosamente, el proyecto minero más importante para Neuquén no se encuentra en la provincia. Se trata de la explotación de potasio que la multinacional Vale emprenderá en Mendoza, pero que tendrá gran impacto en la ciudad de Rincón de los Sauces.
Esta semana, el intendente de esa localidad, Marcelo Rucci, disparó munición gruesa la empresa que tiene sede en Brasil. La acusó de crear falsas expectativas sobre la población y de no emplear a personas de la localidad. Dijo que utilizan toda la infraestructura de Rincón, pero que no dejan nada en la ciudad. Incluso, amenazó con no autorizar el paso de la vía del tren del potasio por su localidad. La formación busca sacar el mineral por el puerto de Bahía Blanca.
En realidad, el yacimiento donde ya se instaló el primer campamento está más cerca de Rincón que de cualquier ciudad mendocina. De allí se desprende el enojo de Rucci. El tema preocupa al gobierno provincial, según admitió el ministro de Energía, Guillermo Coco. El funcionario criticó la ley restrictiva de Mendoza, que exige un 80% de mano local y destacó la apertura de Neuquén al tránsito de personas.