Por RAMIRO MORALES
Con la carpeta bajo el brazo, el gobernador Jorge Sapag ingresó al coqueto salón de conferencias del hotel Sheraton Libertador, en Buenos Aires, donde se reunía la primera plana de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocaburos (Ofephi). Ante un auditorio variado, expuso el Plan Quinquenal, un programa mediante el cual la provincia espera duplicar la producción de gas y petróleo para evitar importaciones y compensar la balanza energética. Esto exige, claro está, una mejora en los precios en boca de pozo y en el clima de negocios.
Minutos más tarde se conoció el documento del organismo: se pidió a las petroleras que incrementen un 15% su producción de hidrocarburos en dos años. Los encargados de explicar el comunicado fueron el gobernador de Santa Cruz, Martín Buzzi, y su par de Salta, Juan Manuel Urtubey. En realidad, junto a Sapag, fueron los únicos mandatarios presentes de los diez que integran el órgano.
Otra vez, Sapag quedó en el medio de la cruzada que el gobierno nacional mantiene contra YPF, que esta semana tuvo un nuevo capítulo con el intento de intervenir en una reunión de directorio. Otra vez, Sapag supo correrse de la trinchera: por una parte, se plegó al reclamo de más inversiones, incluso personificó el reclamo hacia la mayor operadora de la cuenca neuquina; por la otra, insistió en que hay que mejorar los precios, una responsabilidad que le cabe al Estado nacional. En esa clave irá la postura que la Provincia mantendrá sobre el tema hidrocarburífero. El gobernador entiende que, empujando las inversiones en el territorio, en cinco años podría producirse tanto gas como el que se importa a través del buque metanero, con lo que el país podría ahorrarse miles de millones de dólares al año.
Internas en ATEN
El tema tendrá un capítulo especial dentro del discurso con el que el gobernador abrirá las sesiones ordinarias de Legislatura la semana que viene. El punto más importante que se tocará este año en la cámara es la nueva ley educativa. La primera señal en ese sentido se darán las seccionales díscolas de ATEN, que se manifestarán en las puertas del edificio de Leloir e Illia durante el acto de apertura.
El gremio mostró esta semana la fisura más grande de los últimos años, cuando los distritos opositores a la conducción provincial amagaron con lanzar un paro por sus propios medios, desconociendo, según denunciaron desde el oficialismo sindical, el estatuto que los rige.
Dejando las cuestiones legales de lado, el cisma evidenció el agotamiento del paro como modelo de protesta. Inclusive la secretaria adjunta del gremio, Patricia Giovi, dijo que una medida de ese tipo privaría a los alumnos de clases. Aunque con la resistencia de los sectores más duros del gremio, alineados en su mayoría a partidos de izquierda, el discurso de ATEN parece estar cambiando. Ya no reviste la virulencia que tuvo otros años y se muestra más abierto al diálogo. El resultado es óptimo para todos: las negociaciones salariales se adelantan y las clases comienzan normalmente.
Hubo otra declaración de Giovi que pasó más desapercibida. La docente desafió a sus compañeros opositores a que le den una copia de la “ley de educación”, así “la podemos analizar entre todos y ver a qué nos oponemos”.
Desde un principio, el gremio se mostró en contra del Foro Educativo de donde salió el proyecto de ley. De hecho, decidió no participar e incluso boicotear el mismo, al entender que el espacio natural de discusión es el Consejo Provincial de Educación. Las declaraciones de Giovi, sin embargo, podrían significar un acercamiento a al nueva normativa que discutirá la Legislatura. Después de todo, lo que salga de allí regirá su vida laboral por los próximos años.
Colectivos en la mira
Más allá de lo local, la semana estuvo marcada por la tragedia ferroviaria que provocó la muerte de 51 personas en la estación de Once en Buenos Aires. Aún no es tarde para dar la discusión sobre el transporte público en Argentina, en el cual se invierten millones de dólares en subsidios y que presta un servicio deficiente que incluso pone en peligro la vida de los pasajeros.
Más allá de la tragedia, el transporte público tuvo su capítulo en la ciudad. En la semana trascendió que Indalo fue vendida a una empresa santafesina. El cambio de manos, el cual el Ejecutivo municipal dice extrañamente desconocer, abre una discusión sobre el futuro de la concesión, ya que esta podría ser rescindida si así lo disponen desde la Municipalidad.
La gestión de Quiroga hereda un contrato de su antecesor, que deberá fiscalizar y hacer cumplir. El papeleo, las razones sociales y las idas y vueltas políticas importan mucho menos que el bienestar de los miles de neuquinos que a diario usan el servicio y que esperan que el nuevo sistema sacie sus necesidades. Después de todo, Once no queda tan lejos, y la clase política deberá tomar nota de que no se trata de un tema menor.