"Las donaciones tienen un vacío legal"

Por PAULA BISTAGNINO

El estreno de la serie “El Donante”, ficción emitida por Telefe, vuelve a poner en escena el debate respecto a la donación de gametas (óvulos y esperma) para los tratamientos de reproducción humana asistida. Y con él, crecen los mitos y falsas creencias que suelen girar alrededor del tema. “La historia debe ser tomada como lo que es: una ficción. Pero es bueno que se sepa de qué se trata en la realidad esta práctica que en los últimos años ha crecido mucho en la Argentina y que va a ser cada vez más común”, explica Sergio Papier, director del Centro de Estudios en Ginecología y Reproducción (CEGYR) y presidente de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva. “La realidad es que acá hay un vacío legal absoluto porque nunca se legisló sobre las técnicas de reproducción asistida y, por lo tanto, tampoco sobre donación de espermas y óvulos. Sin embargo, a pesar de la falta de leyes, llevamos décadas aplicando las técnicas en nuestro país sin problemas, de manera seria, ética y responsable”, asegura Papier.

Una de las situaciones controvertidas es justamente que algo tan delicado quede sujeto a la ética y la responsabilidad individual o institucional.
Es cierto que hoy esto está controlado por la propia responsabilidad de los centros y de las personas que los manejan, pero también de alguna manera la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva ejerce un control. Obviamente que no es suficiente y que nosotros creemos que es necesaria la ley. Sobre todo porque ahora se viene la cobertura -la provincia de Buenos Aires ya sancionó una ley para el acceso gratuito a tratamientos de fertilización asistida- y la socialización. Entonces se va a multiplicar la cantidad de tratamientos y va a hacer falta mayor control y límites.

O sea que hoy no hay riesgo porque todavía es una práctica poco habitual, pero podría haberlos si no se regula.
Sí. En Argentina existen pocos bancos de semen y centros de reproducción asistida, y eso ayuda al control. Pero de todas maneras la Sociedad de Medicina Reproductiva ya los ha reunido y estamos trabajando. Primero, para armar un programa de acreditación institucional, esto es normas y estándares de calidad y procedimiento; y luego, dentro del programa de acreditación, vamos a crear un sistema de registro, que es la necesidad más urgente. Con un registro es muy fácil limitar la cantidad de donaciones que puede hacer una misma persona y también la cantidad de embarazos que se pueden generar con el mismo semen o los mismos óvulos.
 
¿Qué es lo que genera un aumento de estas prácticas?
Lo primero es que cada vez hay menos trabas culturales y sociales hacia estas prácticas. Por otro lado, la demanda de óvulos va aumentando porque la edad de la mujer al momento de hacer los tratamientos es mayor y eso impacta en los resultados. Pero además, ahora se agrega un escenario nuevo que es la conformación de las nuevas familias: parejas homosexuales de mujeres que recurren a la donación de semen para tener hijos. Esto hace que tanto la demanda de óvulos como de semen crezcan y que creemos nuevas regulaciones y controles.
 
Una de las dudas que genera esta nueva ficción respecto de la donación es el tema del anonimato de los donantes, ¿es irreversible o puede haber excepciones?
Este año se presentó el anteproyecto de reforma del Código Civil, que incorpora cuestiones relacionadas con las técnicas de reproducción asistida. Lo más importante es que establece aspectos relativos a la filiación en la donación de semen y óvulos. Y dice que son padres aquellos que firman un consentimiento expresando su voluntad procreacional. O sea que no importa de quién es el óvulo o el esperma, sino que los padres, de manera excluyente, son quienes dan su consentimiento informado. Es decir que en cuanto a paternidad, no hay dudas. En cuanto al anonimato, el anteproyecto lo garantiza absolutamente. Porque lo que toma es lo que establece el pacto de San José de Costa Rica, que es el derecho a la identidad genética de los chicos. O sea que hay un derecho de información de los niños pero no es a conocer quién fue el donante, sino a saber cuál es la identidad genética del donante. Por lo tanto, ante una situación fundamentada, que no se especifica pero que sería la de una enfermedad, y siempre con intervención de un juez, un chico o sus padres pueden pedir que se abran los registros para conocer los datos genéticos del donante. Entonces, si en su momento surgiera esa necesidad, se puede compatibilizar el derecho de los chicos y el anonimato del donante.
 
¿Y en el sentido contrario?
Al revés no hay ninguna posibilidad ni excepción. Es decir, el donante nunca puede saber a quién fueron sus espermas u óvulos. Entonces, es obligación de  los centros no sólo tener un registro sino guardar y preservar esa información. Y además hacerlo por mucho tiempo, para que en el caso de ser necesaria esté disponible. Pero sólo para los chicos, jamás para los donantes. Esto hoy ya se hace en la Argentina. Pero al igual que todo lo demás, se hace porque hay un consenso en estas normas y una seriedad en los responsables. Pero para esto también es importante que haya una ley y, además, control y sanciones para quienes lo incumplan.
 
¿El hecho de que la donación de esperma y óvulos se pague no es contraria a la idea de que es un acto altruista?
Nosotros hemos actualizado nuestro Código de ética para decir que si bien la donación debe ser altruista, se debe considerar una compensación. La realidad es que no son cifras grandes, como por ejemplo las que se pagan en los Estados Unidos que han llegado a ser de diez mil dólares. Acá se intenta compensar el lucro cesante que implica porque no es como donar sangre. Hay estudios, etc. Entonces suele haber un lucro cesante y eso tiene que ser compensado. El pago tiene ese sentido y no el de ser un incentivo. Y en función de eso los centros, que están nucleados en una asociación, se ponen de acuerdo en un valor que sea acorde a una compensación. Porque la idea es que la donación se haga con el objeto de ayudar a otra persona o a una pareja infértil a lograr un embarazo. Y no que alguien lucre con esto. Pero es cierto que no es tan fácil de controlar porque cuando se trata de seres humanos, siempre hay de todo. Pero nosotros hicimos una evaluación hace algunos años de las motivaciones de los donantes y si bien muchos reconocían que la compensación económica era importante para ellos, el 60 % contestó que lo hacía para ayudar al prójimo. Tampoco se puede negar que la mayoría de los donantes son de un nivel socioeconómico más bien bajo.
 
¿Cómo evitar el riesgo de entrecruzamiento sanguíneo?
La realidad es que no es tan fácil que eso pase. Porque, yendo a los números, la chance de embarazo en una inseminación es de un 20 %. Y luego de tres inseminaciones, la chance es del 50 %. Entonces, quiere decir que se necesitan muchas inseminaciones para que haya un nacimiento: algo así como 45 muestras y 45 inseminaciones para que nazcan 15 chicos. Y las posibilidades de entrecruzamiento se reducen limitando el número de inseminaciones con un mismo donante, que es algo que vamos a definir en una reunión que vamos a hacer a mediados de mes: determinar un número máximo de inseminaciones que se puedan hacer en Buenos Aires, en Mar del Plata, en La Plata o en Neuquén. Se va a estudiar seriamente el número de población en los diferentes lugares donde se hacen estas prácticas para establecer un tope y hacerlo cumplir.
 
¿Hay casos en el mundo en los que esto haya pasado?
Esto es más un mito que una realidad. Pero es verdad que hay casos de inseminaciones que se han hecho en forma ilimitada e inclusive hay casos de médicos que han usado su propio semen para inseminar a mujeres. Ha pasado en Inglaterra y en Estados Unidos, pero son casos excepcionales y de gente muy patológica que ha lucrado con esto. Jamás ha pasado algo similar en la Argentina a pesar de que no haya regulación.
 ¿Cuáles son los riesgos médicos del entrecruzamiento sanguíneo?
Hay enfermedades genéticas recesivas que, al cruzarse los mismos genes, hay más posibilidades de que se expresen. Es algo que pasa en comunidades cerradas en las que hay una prevalencia mayor de ciertas enfermedades de origen genético. 
 
¿Qué aportaría una ley en este escenario?
La ley siempre es necesaria para regular porque establece normas claras y por lo tanto resuelve controversias, confusiones o interpretaciones subjetivas. Pero en este escenario la ley es necesaria sobre todo para la implementación, porque para hacer las cosas bien hace falta financiación. Acá hay cuestiones de bioseguridad y bioética muy delicadas que requieren un marco de excelencia y en las que no hay que escatimar esfuerzo ni dinero.
 
¿Hay algún modelo de legislación al que se pueda mirar?
Tomamos como modelo el australiano, que es uno de los marcos más completos y que mejor funciona. Claramente no miramos a Estados Unidos, donde las cosas se manejan más con un criterio mercantilista y, por ejemplo, la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva no tiene ni siquiera un Código de ética. Que nosotros sí lo tenemos y en eso, sumado al sistema de acreditación, profesional y tercerizado, nos pone a la cabeza de Latinoamérica.