Juicio por planes sociales: un testigo defendió a una imputada sospechada de montar un spa
Es su padrastro, quien expuso un testimonio de vida que emocionó a la imputada. Pero la fiscalía mostró las frías inconsistencias financieras de la mujer.
Dos imputados de la causa de planes sociales son pareja y más allá de las sospechas, tiene una historia en común.
“La considero como una hija, es un ejemplo de mamá porque quedó sola y tuvo que darle de comer y comprarle zapatillas a los chicos, y lo hizo sola". Un testigo, que fue pareja de la madre de una de las acusadas por las estafas con planes sociales, declaró también bajo reserva y mostró otro costado del mundo de los desocupados: la dependencia y la necesidad.
Fue un intento de "humanizar" a una de las imputadas, Isabel Montoya, bajo la lupa por ser pareja de Pablo Sanz, y haber levantado un centro de estética en Centenario, según el Ministerio Público Fiscal, con dinero de los planes sociales.
El testigo trazó un vínculo con la acusada que trasciende lo legal. Fue pareja de su madre en la primera etapa de su vida, cuando Isabel apenas era una niña en el barrio La Esperanza, a finales de la década de los '90, en una de las tomas más alejadas que tenía esa localidad, junto a los barrios Eluney y Tahun Hue.
Años después, el testigo -quien era su padrastro y también albañil- volvieron a encontrarse cuando Isabel se quedó viuda y con dos hijos. Fue ahí cuando fortalecieron el vínculo. Él se ofreció a terminarle su casa y volvió a acompañarla en su día a día, desde el fallecimiento del marido hasta la crianza de sus hijos. “La sentí como una hija…”, repitió, y la sala se llenó de un clima distinto.
Planes sociales: una pareja con raíz de desocupados en Centenario
Incluso, Montoya, que siempre se ubica al lado de su pareja en las audiencias del juicio, se mostró consternada con el testimonio de quien fuera su padrastro."En la época de pandemia yo con la mamá de Isabel ya éramos pareja. Le hice trabajos, le ayudé a terminar su casa cuando estaba con su marido, a terminar unos paredones. El muchacho falleció, lo único que recuerdo de él era que éramos fanáticos de Boca", recordó el testigo.
El testigo solo se limitó a hablar bien de Montoya, de su madre, y sus hijos, pero obvió la parte de la actual pareja, Pablo Sanz, ante una pregunta del fiscal Pablo Viganroli. Dijo que solo lo conocía "de la iglesia", en el casamiento de la pareja y que después dejó de tener contacto con Isabel. En ese sentido, no recordó si alguna vez recibió una ayuda social, gestionada directamente por Sanz.
Montoya viene de integrar lo que en su momento era el grupo de Héctor "Zapallito" Molina, líder de los desocupados de Centenario, quien falleció durante la pandemia, y conocido justamente por una causa denominada "la banda de los subsidios", nacida en 2002, que involucró a un exintendnte del MPN de Centenario, con el entramado también de planes sociales. Es decir, no hay nada nuevo en el manejo de la vulnerabilidad y la política. Era la época de los "cheques globales", y no de las tarjetas de débito.
Ahí también ya tenía peso el mismo Ricardo Soiza, que es un viejo conocido en la trama de la ayuda social, los referentes barriales, punteros y campañas políticas de varios gobierno emepenistas.
La causa, sin embargo, desnuda una trama más compleja para Isabel Montoya, que está imputada más allá de su historia personal y sus tres hijos. De acuerdo a las auditorías oficiales, está sospechada de levantar un centro de estética en Centenario, con dinero sospechado de haber sido desviado de los planes sociales, en connivencias con compras de insumos que habría hecho el mismo Sanz.
El informe que realizó la fiscalía, a través de la perito contable Agustina Martínez, indica que hubo compras, trasferencias y recibos encontrados en los allanamientos, compatibles con lo que sería el amoblamiento de este centro de estética. Montoya se inscribió formalmente como monotributista para operar esa estética en octubre de 2022, y obtuvo la licencia municipal recién en enero de 2023. El local aún estaba sin terminar; y hoy es un baldío.
La contadora puso especial interés en la relación entre la pareja Sanz-Montoya y analizó el patrimonio común, a través de un reporte de ARCA. Sobre Sanz solo aparecen sus acreditaciones salariales, en remuneraciones brutas en el Ministerio de Desarrollo Social. Percibió $982.757 en 2020, $1.370.814 en 2021 y $1.106.189 en 2022.
El análisis se desprende que en octubre de 2022, Montoya se dio de alta en ARCA y declaró actividades económicas como “servicios de centros de estética, spa y similares”, “servicios de peluquería” y “servicios de tratamiento de belleza, excepto los de peluquería”. Surge de la Municipalidad de Centenario que obtuvo su trámite de licencia comercial recién el 20 de enero de 2023. Previamente, había tenido algunas observaciones regulares sobre la obra, mediante actas.
La contadora perito de la fiscalía estimó una inconsistencia patrimonial de más de $11 millones entre ingresos y bienes declarados por la pareja Sanz-Montoya . Montoya, por su parte, declaró haberes anuales brutos de apenas $586.451 en 2022, con acreditaciones algo mayores, sin justificar el origen del restante. El entramado patrimonial no se detiene allí: Montoya figura como compradora de un lote en Fincas del Nogal (Plottier) por USD 34.000, con cuotas de USD 8.000 y la entrega de un Chevrolet Cruze a cuenta de pago.
El choque entre vulnerabilidad social y la sospecha
La defensa busca sembrar otro relato, que en su momento pido tener consistencia. Una mujer que arraiga desde la militancia social que fue atravesada por vínculos de dependencia económica y emocional, primero con referentes barriales, y que utilizó el aparato social para reconstruir su vida. Esa historia emocional choca con el tejido judicial formado por documentos, audiencias y millones en movimientos sospechosos.
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