Ocurrió en Villa La Angostura. Además de transportar pasajeros sin habilitación, evadió un control de tránsito.
El Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Villa La Angostura multó por $1.655.000 a un chofer de Uber que utilizaba la aplicación para transportar pasajeros sin contar con la habilitación obligatoria del municipio. La sanción económica fue en el marco de un operativo de Tránsito.
En el procedimiento de la Dirección de Tránsito donde ocurrió el hecho, inspectores comprobaron que el vehículo realizaba un servicio de traslado sin autorización oficial. En medio del control, el conductor intentó escapar, lo que configuró además la obstrucción al control, contemplada como falta en la ordenanza 4143, y elevó el monto de la sanción, según información de Diario Andino.
"Es importante destacar que las infracciones por transporte de pasajeros sin habilitación no son nuevas", se explicó desde el Juzgado de Faltas y se agregó: "Desde hace muchos años existen modalidades de traslado clandestino que han sido detectadas y sancionadas en esta localidad. Lo que resulta más reciente es la incorporación de aplicaciones digitales como Uber, que si bien llevan algunos años en uso, constituyen nuevas formas de una misma modalidad ilegal".
Cuáles fueron los fundamentos para sancionar al conductor de Uber
Según la resolución del juzgado, citada por Diario Andino, la sanción se fundamenta en que "el transporte de pasajeros es una actividad de interés público y requiere habilitación previa otorgada por el Municipio, en resguardo de la seguridad vial y la protección de los usuarios".
"La habilitación no es un trámite formal, sino el mecanismo de control que permite verificar que los vehículos tengan seguro, condiciones mecánicas adecuadas, higiene, y que los conductores cuenten con la licencia correspondiente", continúa.
Según el texto, la evasión de un control implica un riesgo: "cuando se evade un control, no solo se vulnera la normativa, sino que además se obstaculiza el ejercicio del poder de policía, que la Constitución y la Carta Orgánica reconocen al Municipio para proteger a los consumidores y a la comunidad", dice.
La jueza argumentó que Uber "no garantiza al pasajero la cobertura mínima"
En la resolución, la Jueza de Faltas afirma que "los controles no tienen como objetivo coartar fuentes de trabajo, sino proteger a los pasajeros y garantizar la legalidad de la actividad. La Constitución obliga a las autoridades a velar por los derechos de los consumidores y usuarios, y para ello deben cumplirse las condiciones de seguridad que la normativa exige".
Además, aclara que el debate de las aplicaciones de transporte como lo es Uber debe darse "en el marco de la ley". Afirmó que las leyes deberán ir "adecuándose a esos cambios".
"Mientras tanto, hoy la actividad carece de habilitación legal, no es controlable, y no garantiza al pasajero la cobertura mínima de seguridad exigida", expresa, reforzando el punto anterior.
La jueza reflexionó alrededor de la mejora del servicio de taxis y remises habilitados por el municipio: "tal vez sea hora de abrir ese debate y escuchar a todas las partes involucradas, no desde la mera crítica o el enfrentamiento, sino desde una mirada constructiva de mejora y superación. El pueblo avanza cuando logra acuerdos y no cuando se divide en conflictos", expreso la magistrada.
Por último, defendió las multas como un medio para fomentar debates actualizados: "las infracciones y sanciones no deben verse como un fin en sí mismo, sino como disparadores para repensar, debatir y actualizar nuestras normativas, de modo que respondan a los cambios sociales y tecnológicos y a las necesidades reales de la comunidad", cerró.
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