El proyecto de ley podría debatirse la próxima semana en el recinto de la Legislatura. La iniciativa continúa con discusión en comisiones.
El proyecto de ley que pretende establecer un test de narcóticos obligatorio a funcionarios públicos está cerca de discutirse y sancionarse en la Legislatura de Neuquén. Lo que se busca es que las personas que toman decisiones por el conjunto de los neuquinos y neuquinas no consuman drogas.
La iniciativa aún no cuenta con un texto definitivo y se encuentra pasando por las comisiones correspondientes. "Un par de diputados plantearon aportes que me parecen atendibles, con lo cual se va a rediscutir la redacción atendiendo estas inquietudes", dijo el diputado provincial Marcelo Bermúdez, en diálogo con LMNeuquén.
Hasta el momento, la ley aplicaría para todo personal "con poder de toma de decisiones" de la función pública. Esto incluye al gobernador, vice, ministros, jueces, fiscales, defensores, legisladores, directores de entidades autárquicas, presidentes de empresas del Estado, miembros del Consejo de la Magistratura, presidente del Tribunal de Cuentas, entre otros.
En el texto final del proyecto se listará en detalle el alcance específico y cada funcionario que se deberá someter al test.
Cómo se aplicaría el test de narcóticos a funcionarios públicos
Los test de narcóticos serían aplicados a todos los funcionarios dentro de los roles comprendidos de forma sorpresiva, al menos una vez al año. La periodicidad, al ser una cuestión procedimental, aún está bajo discusión, como tantos otros ítems del proyecto.
"Se está planteando un régimen de prueba y contraprueba", dijo el diputado. Esto quiere decir que el funcionario tendría derecho a defenderse en caso de un test positivo.
Qué sanciones se impondrían a los tests positivos
Según indicó el diputado provincial, una de las cosas en las que "hay unanimidad" entre los legisladores es en materia de sanciones.
El proyecto busca ser implacable con los funcionarios que den positivo y, al menos por ahora, los removería de su cargo con un proceso acorde a su rol. "No es lo mismo que el gobernador remueva a un secretario a que se remueva un juez", ejemplificó Bermúdez.
Según opinó el legislador, "la adicción es un tema absolutamente íntimo, personal y la gente de a pie lidia y lo resuelve por sus medios. El funcionario público tiene que hacer exactamente lo mismo". Busca, entre otras cosas, controlar que personal de jerarquía de la función pública no tenga vínculos con el narcotráfico.
Un importante antecedente en San Luis
Un antecedente a destacar respecto a la ley de exámenes toxicológicos a funcionarios públicos se encuentra en San Luis. Se trata del decreto 10.736/2024, sancionado el 11 de octubre de 2024.
En este se determinan los test de narcóticos a funcionarios de jerarquía del Ejecutivo provincial, la Policía, el Servicio Penitenciario provincial, Organismos Descentralizados, Organismos Desconcentrados, Sociedades del Estado y de Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria.
En caso de un test positivo, la norma de San Luis determina como sanción el "cese en sus funciones, para el personal superior y de gabinete. En el caso de los agentes, las autoridades respectivas determinarán, si corresponde el otorgamiento de licencia, suspensión del efectivo ejercicio en sus funciones hasta su recuperación o cese en la función pública, observando lo establecido en la Constitución Provincial y legislación vigente para cada caso".
Te puede interesar...
Dejá tu comentario