El titular de ATE Neuquén cuestionó el operativo en Junín de los Andes, denunció precarización laboral y pidió a la Provincia que intervenga.
El secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, cuestionó con dureza el desalojo realizado sobre la Ruta 40 por Gendarmería Nacional en Junín de los Andes, -cono la aplicación del "protocolo Bullrich"- y advirtió que se trata de un conflicto social profundo que “va a tener consecuencias” si no se atiende de manera política.
En diálogo con LM Neuquén, Quintriqueo explicó que el reclamo fue protagonizado por un grupo de trabajadores municipales que se encuentran bajo un régimen extremadamente precario, creado por ordenanza en gestiones anteriores y del que muchos tienen conocimiento.
Son alrededor de 364 personas que están bajo ese programa, y que cobran un subsidio municipal, con el apoyo del gobierno provincial, pero que no tienen perspectiva de empleabilidad ni tampoco de trabajo estatal estable. Este último lunes cortaron la Ruta 40 a la altura del puente del río Curruhué, camino a San Martín de los Andes.
“Es un grupo que viene de gestiones anteriores y es una forma precaria, que tienen están trabajando con una ordenanza, y hacen tareas habituales, y les pagan un subsidio de 260 mil pesos”, señaló el sindicalista.
Desalojo en Ruta 40: un conflicto que estalló tras el aumento a funcionarios
Según el dirigente sindical, el detonante del conflicto fue la decisión del Concejo Deliberante de aprobar, el año pasado, un aumento salarial del 80% para los funcionarios y el intendente, mientras que estos trabajadores -precarizados por ordenanza- no recibieron ningún incremento.
Si bien el gobernador Rolando Figueroa intervino de manera indirecta para que ese incremento de sueldo a la planta política se rechace a través de un veto, aún no se sabe si quedó firme. "El Concejo Deliberante no sesiona, y entonces no sabemos si ese veto se confirmó o rechazó", dijo Quintriqiueo.
“Si tenían para el incremento de los sueldos de los funcionarios, creo que tienen dinero para aumentarles a este grupo muy precarizado. El intendente (Luis Madueño) no los recibió”, remarcó.
Quintriqueo aclaró que la medida de fuerza no contó con amparo gremial, pero aun así derivó en un fuerte operativo de seguridad en plena temporada turística, con la intervención de fuerzas federales."Es un problema que se generó desde la Municipalidad, y tuvo estas consecuencias", dijo el sindicalista.
La Municipalidad de Junín de los Andes sacó un comunicado oficial donde desacreditó el operativo y sostuvo que no son los métodos
Durante el procedimiento para liberar la calzada intervinieron la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina y otras fuerzas, en el marco de la aplicación del denominado protocolo Bullrich. Desde ATE denunciaron que hubo golpes contra los manifestantes.
“La provincia no puede mirar para otro lado. Es un problema social, no es solamente un reclamo salarial de un trabajador estable”, advirtió.
364 trabajadores y un programa que perdió su sentido
El titular de ATE detalló que son 364 trabajadores alcanzados por este esquema, creado hace varios años, durante la gestión del exintendente Carlos Corazzini. En sus inicios, el programa era transitorio y contemplaba actualizaciones periódicas.
“Ese programa cada tanto regularizaba, con la gente, y había aumentos. Hoy no cumple ninguna función de incentivo laboral”, sostuvo.
Y agregó: “No pueden pensar en hacer ni una changa, porque con ese dinero en Neuquén no se puede hacer nada. Tienen que contraprestar, pero con eso no pueden cubrir los alimentos básicos
Aunque aclaró que estos trabajadores no están agremiados, Quintriqueo fue determinante. “Son municipales. Otros quizás se puedan hacer los desentendidos, pero yo no puedo y menos como organización”.
Para el dirigente, el desalojo -presentado oficialmente como exitoso por haber liberado el tránsito- fracasó en términos sociales. “Acá hay una comunidad y todos se conocen. Este desalojo va a tener consecuencias”, advirtió.
Quintriqueo insistió en que el Gobierno provincial también debe intervenir, ya que el programa fue financiado en parte por la Provincia y el conflicto excede al Municipio. Para ATE, si no hay una respuesta política de fondo, el escenario puede agravarse en una localidad donde el impacto social del conflicto es directo y visible.
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