Corrientes: dos funcionarios condenados por robar fondos y productos de panadería

Un fallo judicial en Corrientes expuso un insólito y grave caso de corrupción. Un exintendente y su secretario de Hacienda fueron condenados a tres años de prisión por haber desviado fondos públicos que debían destinarse a la pavimentación de calles, pero también por apropiarse de productos de panadería por un valor de 9 millones de pesos.

El veredicto no solo revela el uso fraudulento de recursos estatales, sino también la insólita modalidad en la que los exfuncionarios se beneficiaban de bienes que nada tenían que ver con la gestión municipal.

El modus operandi de los funcionarios

Según se evidenció en la investigación, los funcionarios se quedaban con dinero que le cobraron a los contribuyentes para un plan de pavimentación de calles; y por una exorbitante compra a una panadería, desconociéndose el destino que le dieron a los panificados y productos de despensa.

El fallo recayó sobre el ex alcalde de Curuzú Cuatiá, Ernesto Gabriel “Lalo” Domínguez; y el responsable de las finanzas del municipio, Ricardo Antonio Viganó. Ambos deberán reintegrar al municipio 3.000.000 de pesos, una suma insignificante si se toma en cuenta en dinero desviado. Además, no podrán volver a ejercer cargos públicos de por vida y realizar cualquier acto de contratación con la Municipalidad ni los demás entes estatales.

Pavimentación

Domínguez y Viganó dejaron el poder a fines de 2017 y una auditoría ordenada por el nuevo intendente puso al descubierto las maniobras poco claras con los fondos públicos.

El fallo que condenó a los funcionarios

Tras una larga batalla judicial, los acusados buscaron evitar la exposición pública y pidieron cerrar el caso con un juicio abreviado. Para ello, aceptaron haber cometido los delitos de “fraude en perjuicio de la administración pública en la modalidad de administración fraudulenta y malversación de caudales públicos (peculado)”. Domínguez fue considerado por la Justicia como autor; mientras que Viganó quedó como partícipe necesario de los delitos.

En enero de 2018 el nuevo alcalde, José Miguel Irigoyen, reveló que los vecinos de Curuzú Cuatiá habían abonado el 50 por ciento del costo de pavimentación de once calles del municipio, correspondientes a un plan de obras de 2012. El asfaltado era financiado en 36 cuotas y el dinero de los contribuyentes se depositaba en una cuenta corriente especial. En su denuncia, sostuvo que no se habían realizado las obras y que el dinero aportado llegó a 1.047.474,50 pesos a diciembre de 2017 (unos 62.100 dólares), pero en la cuenta sólo hallaron 2.717,69 pesos.

La investigación permitió establecer que los autorizados a librar cheques y retirar fondos de las cuentas municipales eran Domínguez, Viganó; el vice intendente y otra funcionaria. Estas dos últimas personas fueron beneficiadas con el sobreseimiento hace varios años.

Desde la Municipalidad dijeron que en Curuzú no se asfaltaron más calles desde el mes de mayo de 2015, pero la recaudación siguió hasta fines de 2017. De acuerdo con la investigación, el intendente y su secretario de Hacienda desviaron el dinero o al menos una parte “sin aplicarlos a los fines para los que habían sido acordados, librando cheques cuyo espurio destino se disimulaba o directamente no se justificaba, llevándolo fuera del ámbito de la administración pública”.

Corrupción

El otro hecho por el cual fueron condenados corresponden a millonarias contrataciones directas a la panadería Cabrales, de Curuzú Cuatiá, para la provisión de panificados y otras mercaderías, cuya recepción y destino por parte de la Municipalidad, no existen constancias.

Las compras a esa firma comenzaron apenas Domínguez desembarcó en el poder. Si bien los montos de las facturas excedían los montos autorizados por la Ley de Contabilidad, con el paso del tiempo fueron creciendo. “Se ha detectado la realización puntual de compras a un proveedor en particular, el cual por el cúmulo de frecuencia, regularidad y magnitud de las mismas llamó la atención, a más de las violaciones sistemáticas realizadas en el último año (2017), sorprendiendo el incremento exponencial de dichas compras en comparación a los últimos años (2012-2017)...y la ausencia de resoluciones administrativas que justifiquen tan significativo apartamiento”, señalaron desde la Justicia al dar por cerrada la investigación.

Las primeras compras fueron por sumas de alrededor de 200.000 pesos anuales en 2012, pero en 2017 habían escalado hasta los 9.342.848,42 pesos (unos 500.000 dólares de la época). Para la Justicia ese incremento es “injustificado” y que “inducen a pensar que tras la actividad pueden haberse ocultado irregularidades”.