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La Mañana Fentanilo

El fentanilo mortal se mete en la campaña y en la política, pero los tiempos los definirá la investigación judicial

La peor crisis por intoxicación medicamentosa de la historia farmacéutica argentina recién comienza. El Gobierno recula y deja de pegarle al juez. Los caminos apuntan al dueño de HLB Pharma, pero también al Ministerio de Salud.

El cierre de candidaturas para las elecciones nacionales de octubre pondrán en segundo plano, al menos por algunos días, la crisis que se desarrolla por la mayor intoxicación medicamentosa de la historia argentina. El fentanilo contaminado, provisto por los laboratorios Ramallo S.A. y HLB Pharma Group S.A., del empresario Ariel García Furfaro, ya provocó 96 muertos en distintos puntos de todo el país.

Los primeros casos comenzaron en abril, a partir del deceso de pacientes que habían recibido este analgésico opiáceo, contaminado con dos bacterias que resultaron fatales. "Es muy grave el evento, no se ha tomado dimensión. Lo que sucedió fue muy grosero", confió a LMNeuquén una fuente sanitaria vinculada al caso.

Hace cinco meses que se registran muertos por la aplicación de ampollas contaminadas. Son dos lotes de 150.000 cada uno. El primero no fue distribuido. Del segundo se recuperaron 100.000 ampollas, pero se estima que se aplicaron 45.000 a 50.000. Los familiares de las víctimas aseguran que todavía hay 150.000 que no han sido recuperadas.

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Son dos lotes de fentanilo contaminado

Son dos lotes de fentanilo contaminado

Las ampollas fueron fabricadas en diciembre y la trazabilidad de sus destinos es parte de la investigación penal que lleva adelante el titular del juzgado federal de La Plata N° 3, Ernesto Kreplak. Por ahora hay 24 sospechados, algunos con inhibiciones de bienes y con la prohibición para salir del país, como García Furfaro, foco de intrigas sobre su origen, sus relaciones políticas y los contactos que le permitieron mantener el laboratorio en funcionamiento.

El año pasado afrontó una inspección realizada en octubre por la Administración Nacional de Medicamentos (ANMAT), donde advirtieron graves fallas de seguridad y control en la elaboración. Ahí radican los interrogantes sobre la ANMAT y sobre el Instituto Nacional de Medicamentos, dos áreas muy sensibles del Ministerio de Salud. Tan delicadas, que la cadena de las responsabilidades podrían llegar hasta su titular, Mario Lugones.

El ministro de Salud en la mira

Vinculado al Sanatorio Güemes y guardián de la motosierra en la cartera sanitaria, Mario Lugones recién rompió el silencio este viernes, cuando la crisis ya había escalado. No es un integrante más del Gabinete. Su hijo, Rodrigo Lugones es amigo y socio del consultor presidencial Santiago Caputo. Ambos se dedicaban a la comunicación y el asesoramiento político. Ahora juegan en la primera línea del Gobierno, pero sin firmar nada.

El ministro Lugones fue preservado hasta donde se pudo. Terminó la semana dando varias entrevistas televisivas. Apuntó contra García Furfaro y sus conexiones políticas. En la misma línea discursiva que utilizó el presidente Javier Milei en La Plata, durante un acto de campaña. Dijo que detrás del caso está el kirchnerismo. Poco antes, la Casa Rosada había instalado que recusarían al juez Kreplak, porque es el hermano de Nicolás, el ministro de Salud bonaerense.

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El juez Kreplak está a cargo de la investigación del fentanilo contaminado

El juez Kreplak está a cargo de la investigación del fentanilo contaminado

El magistrado le recordó a Milei que tiene la obligación de no inmiscuirse en una investigación penal. Poco después de la arremetida, los familiares de las víctimas le bajaron el pulgar. Se encargaron de advertir que el Gobierno se estaba equivocando el amague de recusación contra Kreplak. Semanas atrás, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no estuvo de acuerdo contra cualquier ofensiva política contra el juez. Remarcó que era "un juez probo" y que no cuestionaba su trabajo. Los familiares creen que ahora salen contra él porque se están por conocer los resultados de las pericias.

Con esos antecedentes, Lugones buscó curarse en salud y salió a contestar preguntas a los medios, pero no le pegó al juez. Lo hizo después de una señal inquietante que surgió en la Cámara de Diputados. Este miércoles, en una reunión de urgencia de la Comisión de Salud, fueron unificados todos los pedidos de informes que habían presentado diputados opositores e incluso del oficialismo para que el Ejecutivo explique interrogantes sobre el caso. Son 26 preguntas que, si no son contestadas hasta el miércoles, derivarán en un pedido de interpelación para que sea votado en la próxima sesión prevista para ese día.

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El ministro de Salud, Mario Lugones, en medio de la polémica del fentanilo contaminado

El ministro de Salud, Mario Lugones, en medio de la polémica del fentanilo contaminado

Impulsarían una comisión investigadora en Diputados

Apretado por los tiempos de la política, Lugones posiblemente tenga que seguir dando explicaciones hasta que surjan más precisiones de la investigación penal. A la par, hay tres proyectos para crear una comisión investigadora dentro de la Cámara de Diputados. El Poder Legislativo está facultado para investigar un caso.

Las implicancias son políticas, que pueden llegar hasta la destitución de un funcionario, o pueden derivar en denuncias penales, pero no es una investigación penal. La primera en presentar una iniciativa de este tipo fue la diputada del PRO Silvana Giudici, que intentó tratarla en la última sesión sobre tablas. Como la propuesta no tiene dictamen de comisión, la legisladora buscó que fuera tratado sobre tablas. Requería dos tercios, pero la sesión se había quedado sin cuórum. Había pasado la medianoche. Giudici acusó al kirchnerismo de abandonar el recinto para no investigar a García Furfaro e insistió con la vinculación política que días después mencionó Milei en La Plata.

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En Diputados no descartan avanzar con una comisión investigadora por el fentanilo contaminado

En Diputados no descartan avanzar con una comisión investigadora por el fentanilo contaminado

Además de la iniciativa presentada por Giudici, también hay otro del diputado radical Pablo Juliano, del bloque Democracia para Siempre. El fueguino Jorge Araujo Hernández, de Unión por la Patria, es el único de su bloque que impulsó una comisión investigadora, pero dentro de la Comisión de Salud de la Cámara Baja. Si la crisis empeora y el Ejecutivo sigue sin aportar información oficial, por fuera de las entrevistas que ofrece Lugones, las chances de investigar el caso en Diputados podrían dispararse.

La ANMAT también fue víctima de la motosierra. De los recortes quedaron 216 inspectores, después de un proceso de ajuste que golpeó su capacidad. El rol de ese organismo también forma parte de los interrogantes. El juez Kreplak tiene un informe elaborado por la ANMAT donde enumeran las advertencias: "No hay evidencia documental de controles microbiológicos", también remarcaron la "ausencia de certificados originales de esterilidad", junto a la "falta de registros analíticos y certificados de calidad del agua utilizada como materia prima y para limpieza de los equipos".

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El lote contaminado lleva el número 31.202 y, según sostiene el informe, registró un “lapso de tiempo no validado entre el inicio de fabricación, esterilización o filtración”. Las fallas habrían sido una de las causas de la contaminación que, cuatro meses después de ese momento, fue mortal y todavía no ha sido detenida por completo.

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