El exministro de Planificación deberá cumplir la pena impuesta por la justicia por la Tragedia de Once. Fue escoltado por un fuerte operativo policial.
De Vido fue considerado partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Julio de Vido llegó este jueves por la mañana a tribunales de Comodoro Py para cumplir con su pena de cuatro años de prisión por la Tragedia de Once.
Este martes la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena dictada por el Tribunal Oral Federal (TOF) N°4. El ex funcionario del kirchnerismo será trasladado a la cárcel de Ezeiza, mientras se define su pedido de prisión domiciliaria.
De Vido fue considerado partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Pero además, a las 10 de la mañana deberá conectarse junto a otros 86 acusados para la segunda audiencia del juicio por la causa Cuadernos. Para esto los jueces le prepararon una sala privada con conexión a internet. Recién cuando termine se daría su traslado al Complejo Penitenciario.
El exministro fue escoltado en Tribunales por un fuerte operativo de la Policía Federal Argentina, luego de bajar de su camioneta Volkswagen Nivus negra. Bajó del vehículo en el acceso ubicado en el subsuelo, donde no pueden enfocarlo las cámaras de televisión que esperaron su arribo desde la madrugada.
El abogado de Julio De Vido planteó una "velocidad sospechosa y oportunismo evidente" en su condena
Sus abogados hicieron una presentación para pedirle al Tribunal Oral N°7 de eximirlo de estar en la audiencia de hoy por la causa Cuadernos. Uno de ellos, Maximiliano Rusconi, adelantó que realizará una presentación "ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (WGAD) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) con sede en Ginebra".
El letrado planteó a través de un comunicado, que la Corte había rechazado "un recurso de queja en el cual esta defensa cuestionaba la legitimidad y el monto de la pena impuesta por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, con velocidad sospechosa y oportunismo evidente".
La Corte Suprema, con los votos de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declaró "inadmisibles" los recursos presentados tanto por el Ministerio Público Fiscal como por la defensa del exministro, y dejó firme la condena por considerarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
La tragedia de Once marcó un hito en la historia judicial del país por la magnitud de sus consecuencias y la implicación de altos funcionarios. La resolución de la Corte Suprema representa un paso definitivo en el proceso judicial.
La tragedia de Once que dejó más de 50 muertos
En diciembre de 2015, el Tribunal Oral Federal N° 2 condenó al maquinista Marcos Córdoba, los propietarios y exdirectivos de TBA -concesionaria del servicio ferroviario-, así como de los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.
Según se determinó, el choque ocurrió por el mal estado de funcionamiento del tren, ya que no tenía el mantenimiento que requería a pesar de los fondos que el estado le daba y por una actitud negligente del conductor. En sus fundamentos, se ordenó avanzar en investigar la responsabilidad del jefe de Planificación.
En 2018, el Tribunal Oral Federal Nº 4 condenó a De Vido a la pena de cinco años y ocho meses de prisión por administración fraudulenta, al considerar que no cumplió con su deber de controlar el uso de los fondos públicos asignados a Trenes de Buenos Aires (TBA). Sin embargo, en contra de lo que plantaba la fiscalía y a la querella, fue absuelto del delito de estrago culposo, vinculado a las muertes y lesiones provocadas por el accidente.
Este martes, la Corte Suprema rechazó los planteos de ambas partes y dejó firme la pena de cuatro años de prisión. Con esa decisión, quedó en la nada un nuevo planteo de la defensa que buscaba que se dictara la prescripción de la causa para el ex funcionario.
De Vido ya está condenado por fraude por la compra de trenes chatarra a España y Portugal a 4 años y una pena de cuatro años por fraude en la compra de gas natural licuado.
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