El plan Brady y la historia del endeudamiento externo

Por Humberto Zambon

En marzo de 1974 el precio del petróleo se triplicó: pasó de 4 a 12 dólares el barril, generando una profunda crisis económica con recesión e inflación, lo que se denominó  “estanflación”. Una de sus consecuencias económicas fue la traslación de una enorme cantidad de riqueza desde los países industrializados hacia los países exportadores de petróleo, que en gran parte volvió a los países centrales como capital financiero depositado en sus bancos.
Los bancos se encontraron  en la necesidad de colocar esos excedentes financieros, cosa dificultosa por la situación de recesión que vivía el capitalismo desarrollado. La salida que los bancos encontraron fue prestar a los países periféricos, como Turquía, o los latinoamericanos, en este caso facilitado porque en ese tiempo, en la mayoría de estos países, gobernaban dictaduras militares y, por lo tanto, no funcionaban  ni legislaturas ni controles institucionales o populares que pusieran trabas al endeudamiento. También, dentro de ese grupo, ingresaron las llamadas “democracias populares” como Polonia, Yugoslavia y Rumania. Durante el resto de los años ’70 fue continuo el flujo de fondos a esos países, en particular a los estados y a las empresas nacionales, que inflaban la deuda externa.
En 1979 se produjo la segunda crisis del petróleo, con otra brusca suba de precio, de 12 a  32 dólares el barril. Consecuentemente con esto y la inflación producida, la tasa de interés LIBOR, que servía como base en los préstamos al tercer mundo, subió del 7% al 17% anual, incrementando violentamente los servicios de la deuda. Los primeros que tuvieron que pedir refinanciación fueron Turquía y Polonia; posteriormente, en 1982, nuestro país suspendió los pagos por la guerra de Malvinas y, en agosto de ese año, México declaró de hecho una moratoria. A partir de 1983 la crisis de la deuda estaba generalizada.

Pagos imposibles
La imposibilidad de pago de los países deudores era manifiesta. Aún sin la importación de un solo tornillo, las exportaciones de estos países no alcanzaban a cubrir los pagos por servicios de deuda comprometidos (intereses más amortizaciones). En el caso de México el importe de los servicios representaba el 246% de las exportaciones, en Argentina el 214%, en Brasil el 145%, en Perú el 108% y así sucesivamente.
La contraparte de esa insolvencia de los deudores era la situación de los bancos acreedores.  Los 13 principales deudores representaban el 215% del capital de los primeros 9 bancos norteamericanos y el 142% del capital de la totalidad de bancos de ese país. Es obvio que el reconocimiento de la imposibilidad de pago de la deuda del tercer mundo implicaba la quiebra del sistema financiero de la potencia hegemónica mundial.

Nada de clubs
En este escenario, una preocupación primordial de las potencias centrales fue evitar la formación de un “posible club de deudores” que diera fuerza a los países endeudados: en 1984 el Grupo de los 7 (Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Japón, Canadá, Francia e Italia) anunciaron que solamente iban a renegociar pagos de la deuda caso por caso y, con el mismo criterio, se anunció el Plan Baker tendiente a colaborar con la solución del problema. Lo cierto es que cada uno de los países deudores trató de sortear la situación haciendo pagos a cuenta y tomando nuevas obligaciones, hasta que en 1988, en el informe anual de UNCTAD se declara que “la quiebra del sistema financiero internacional ha sido evitada”.

Pagar más, endeudarse más
En los 9 años transcurridos  desde el estallido de la crisis de la deuda (1982) los países de América Latina transfirieron al norte un neto de 223.600 millones de dólares y, en ese lapso, la deuda externa conjunta pasó de 309.88 a 422.645 millones de dólares.
En 1989 se anunció el Plan Brady (designado así  por su autor, el secretario del Tesoro norteamericano, Nicholas Brady) tendiente a la regularización definitiva de la deuda y que consistía en la consolidación a largo plazo de la deuda con los bancos privados, con alguna quita del capital y/o disminución de la tasa de interés, con garantía de “bonos cupón cero” (bonos que no generan intereses) del tesoro estadounidense y que recibió el apoyo entusiasta del FMI y del Banco Mundial.  El primero en acordar fue México,  seguido en 1990 por  Costa Rica, Venezuela y Uruguay. Nuestro país adhirió mediante ley del Congreso en 1992.

Racionalidad y generosidad
Aunque la prensa “seria” local, los economistas relacionados con el establishment financiero y los políticos involucrados saludaron la “racionalidad y la generosidad” del acuerdo, los objetivos logrados por el gobierno de Estados Unidos mediante esta política fueron otros:
* Evitaron la posibilidad que los países deudores hicieran un frente común reclamando por la responsabilidad compartida entre deudores y acreedores por la situación creada;
* Salvaron al sistema financiero estadounidense, que había prestado en forma irresponsable a los países del tercer mundo. Los bonos Brady recibidos por los bancos a cambio de sus deudas fueron colocados en el mercado financiero por esas mismas instituciones, en especial a fondos de jubilación y pensión, liberándose así de una deuda con alto riesgo de incobrabilidad.
* Subsanaron un problema de legitimidad de esa deuda. Existe jurisprudencia internacional que una “deuda odiosa” (por ejemplo, no tomado por los órganos legítimos de gobierno, en nuestro caso el Congreso, y cuyo destino no haya sido en beneficio de la nación o su pueblo) es cuestionable legalmente. Fue el caso de la deuda argentina, tomada por una dictadura y utilizada para armamentos o para mantener artificialmente el valor de la moneda local, tal como lo declaró el juez Jorge Ballesteros a raíz del “informe Olmos”. Con la aprobación por el Congreso de los bonos Brady la vieja deuda cuestionable judicialmente fue cambiada por una nueva, que cumplía los requisitos formales, legalizando así un endeudamiento ilegítimo.
Mientras tanto, los países del tercer mundo siguieron pagando.