Escuelita IV: había elementos para mayores penas

Lo afirmó la querella. "Las condenas son insultantes", señaló Noemí Labrune.

Pablo Montanaro

montanarop@lmneuquen.com.ar

Neuquén.- “Estábamos convencidos de que había elementos probatorios para haber aplicado mayores penas. Las penas nos han parecido exiguas, ridículas e insultantes”, aseguró Noemí Labrune, una de las fundadoras de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén, conn relación al veredicto del juicio Escuelita IV contra los represores de la región, dictado el viernes pasado por el Tribunal Oral Federal 1. El fallo estableció una condena a prisión perpetua, catorce penas de entre 3 y 10 años y cuatro absoluciones.

En diálogo con LM Neuquén, Labrune lamentó que los jueces “no hayan considerado en todos los casos la comisión de delitos por tormentos”, uno de los cuestionamientos más fuertes que expresaron las querellas.

Por otra parte, la militante por los derechos humanos valoró que el tribunal haya descripto los hechos como delitos de lesa humanidad “dentro de un sistema criminal aplicado por quienes pusieron en marcha la represión en la región”. “Se probó toda la verdad de un sistema criminal”, subrayó.

Labrune recordó que la querella de la APDH había solicitado fuertes penas –de 21 a 25 años de prisión en cárcel común– para los veintidós imputados acusados en este cuarto juicio, además de la suspensión del goce de jubilación, pensión o retiro.

Más allá del cuestionamiento por las bajas penas, sostuvo que con estas condenas “se está condenando a todo un sector de instituciones del país que son los responsables del terrorismo de Estado”. Y agregó que con este veredicto “no hay nada que haga pensar que se ha retrocedido con relación al concepto de crímenes de lesa humanidad y a la autoría de estos crímenes por parte de los imputados”.

También evaluó que el hecho de no considerar los delitos sexuales dentro del sistema criminal probado “es otro punto negativo”, y se refirió como otro punto negativo a la no consideración de los delitos sexuales dentro del sistema criminal probado, respecto del caso de Gabriel Carmona, quien fue secuestrado ilegalmente, torturado y que abusaron sexualmente de él mientras permaneció detenido en el centro clandestino de detención La Escuelita. “No estamos satisfechos para nada con que este tribunal no considerara el caso de Carmona como delito de lesa humanidad. No creo que en la Cámara de Casación no lo corrijan porque en otras jurisdicciones se ha condenado por violencia sexual como delito de lesa humanidad, y en este caso hay pruebas suficientes. La agresión sexual y la tortura eran parte del sistema criminal”, explicó Labrune.

Las penas que trajeron polémica

Jorge Di Pasquale, Jorge Ezcurra y Sergio San Martín (10 años); Raúl Guglielminetti y Osvaldo Crippa (ocho años); Antonio Camarelli y Gustavo Viton (seis años); Nestor Castelli, Hilarión de la Pas Sosa y Miguel Quiñones (cinco años); Saturnino Martínez y Jorge Soza (cuatro años); Miguel Cancrini y Emilio Rozar (tres años); Gerónimo Huircain, Enrique Sires, Gustavo Sommer y Julio Villalobo (absueltos).

Banalización de la violencia genocida

Juan Cruz Goñi. Abogado de la APDH Neuquén

Se han absuelto a imputados por los tormentos padecidos por las víctimas que no han sido “torturadas”, como el caso de Alicia Figueira de Murphy o de Jorge Ruiz.

Esto es un retroceso conceptual muy importante con respecto a los anteriores pronunciamientos.

Pretender que una persona que estuvo en el centro clandestino de detención La Escuelita o permanentemente amenazada e interrogada sobre cuestiones políticas no fue víctima de torturas psíquicas o físicas es grave, porque se banaliza la violencia.

Se vuelve a la cuestión de cuánto dolor es suficiente para condenar por tormentos. Cualquiera que haya odio los testimonios de Figueira de Murphy, de Ruiz y de otras víctimas que los jueces han colocado en similar posición sabe que el hecho de que no los hayan picaneado no significa que no los hayan torturado. Lamento que los jueces del tribunal no lo hayan comprendido así.

Estos jueces desoyeron el testimonio de las víctimas y se logró el objetivo genocida: al no dejar huellas se garantizaron la impunidad.

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