Hasta el 23 de noviembre rige la “emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes”, que instauró la Ley 26.160, promulgada en 2006 y prorrogada dos veces, la última en 2013, hasta la fecha citada. La norma suspendió “la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras” dominadas por las comunidades indígenas. Y estableció que durante 3 años el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas debía “realizar el relevamiento técnico -jurídico- catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas” y promover “las acciones que fueren menester con el Consejo de Participación Indígena, los Institutos Aborígenes Provinciales, Universidades Nacionales, Entidades Nacionales, Provinciales y Municipales, Organizaciones Indígenas y Organizaciones no Gubernamentales”. La Ley 26.160 estaba destinada a su fin cuando desapareció Santiago Maldonado, presuntamente a manos de la Gendarmería. Las comunidades indígenas piden la prórroga de esa norma porque, de lo contrario, “jueces, fiscales y Gobierno se van a creer con libertad para ordenar desalojos. Sería lamentable porque el problema no se resuelve con violencia, sino en una mesa política que acuerde cómo se aplicará la ley que están incumpliendo el Gobierno y la Justicia”, advirtió Jorge Nahuel, referente Mapuche. La apelación a la represión sólo confirma el fracaso de la política.
Cuando desapareció Santiago Maldonado estaba sellado el fin de una ley que protege a los indígenas.