Guatemala reformula sus leyes y las endurece para combatir a las pandillas criminales

Guatemala reformuló sus leyes para obtener mayores herramientas en la lucha contra las pandillas criminales que azotan al país. En específico, la reforma está apuntada a dos grupos a las que ahora considera terroristas y asociaciones ilícitas transnacionales: la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.

Las medidas establecen un endurecimiento del Código Penal y de la Ley contra la Delincuencia Organizada. Amplía las penas y tipifica nuevos delitos vinculados con la extorsión y el reclutamiento de menores.

La votación legislativa se produjo unos días después de que se conociera la fuga de 20 integrantes de Barrio 18 desde una prisión guatemalteca. Uno de los presos que escapó fue recapturado, mientras continúan las operaciones de búsqueda del resto.

Ese hecho aceleró la aprobación de reformas que habían sido propuestas en 2020, pero que hasta ahora permanecían sin tratamiento definitivo.

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Guatemala reformula sus leyes y las endurece para combatir a las pandillas criminales

El reconocimiento formal de las pandillas como estructuras criminales internacionales y terroristas habilita ahora al Estado a aplicar penas más altas y a utilizar herramientas judiciales ampliadas en las investigaciones.

De acuerdo con la normativa sancionada, los delitos de extorsión pasarán a tener castigos inconmutables de entre seis y doce años de prisión, que podrán incrementarse en una tercera parte si se demuestra la pertenencia del acusado a una pandilla.

Cuáles son las nuevas medidas y sanciones

Una de las reformas más importantes que promovió este martes el Congreso guatemalteco es la creación del delito de enriquecimiento ilícito extorsivo, una figura penal que alcanza a quienes reciban depósitos o transferencias provenientes de actividades ilícitas, o colaboren en la recaudación de fondos derivados de extorsión.

Las sanciones que prevé la nueva norma van de 14 a 18 años de prisión y contemplan la prohibición de mantener cuentas bancarias durante el tiempo que dure la condena.

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Además, se establecieron penas de hasta 18 años de cárcel y multas equivalentes a 38.000 dólares para quienes recluten a niños, niñas o adolescentes con el propósito de incorporarlos a pandillas.

Los bienes y cuentas bancarias de las personas acusadas de extorsión podrán ser inhabilitados de manera preventiva mientras dure el proceso judicial, según se conoció oficialmente.

La reacción del presidente de Guatemala

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, tenía previsto anunciar en las próximas horas “decisiones importantes” orientadas a fortalecer la seguridad y la respuesta estatal frente al crimen organizado.

Esas medidas, según adelantaron fuentes del Poder Ejecutivo, buscan restaurar el control en los centros penitenciarios y reforzar la coordinación entre las fuerzas de seguridad.

Por su lado, tras la aprobación de las reformas, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, anunció la destitución del director del Sistema Penitenciario, Ludín Godínez, junto con los responsables de cuatro cárceles adicionales.

Sus salidas se produjeron debido a la reciente fuga de presos y la necesidad, según el funcionario, de “reorganizar el sistema de control penitenciario”.

El Congreso también aprobó un requerimiento para que el sistema penitenciario implemente una base de datos nacional actualizada con información de todos los reclusos, incluyendo edad, sexo, tipo de delito, comunidad lingüística y posible pertenencia a grupos criminales.